Ante los reiterados incumplimientos por parte del gobernador de Casanare, Alirio Barrera, con una serie de órdenes impartidas por el juzgado primero administrativo de Yopal, al tenor de una acción popular tendiente a buscar garantizar de manera continua y permanente el servicio público de atención integral del riesgo contra incendio del municipio de Recetor.
La sanción proferida contra el gobernador de Casanare, es de 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes ($2.484.348), derivado del reiterado incumplimiento de los fallos de primer y segunda instancia, mediante el cual se le ordenaba en el término de 6 meses, hacer las gestiones necesarias por recursos propios o acudiendo a la Junta Departamental de Bomberos, con el fin de cogestionar lso recursos necesarios para la puesta en funcionamiento de la atención integral del riesgo contra incendio en el municipio de Recetor, pero a la fecha lo único que ha hecho es girarles $15.000.000 para la compra de uniformes, lo que no garantiza la operatividad del cuerpo de bomberos.
En el mismo fallo no se le asignó responsabilidad a la alcaldesa de Recetor, Leticia Palacios, puesto que ella demostró que los recursos de dicho municipio son insuficientes para garantizar el servicio y por ende en reiteradas oportunidades acudió a la gobernación de Casanare, en aras de buscar el apoyo para cumplir con esa obligación, pero no encontró respuesta positiva. El juzgado califica como culpa grave el incumplimiento por parte del gobernador de Casanare, de esta obligación, y por ende la sanción debe ser asumida con sus propios recursos
