Un nuevo raponazo a la autonomía territorial se dio en la aprobación del presupuesto bienal de regalías en el Congreso de la República por parte del gobierno del presidente Duque y los congresistas, ya que sin mayor debate aprobaron el artículo 52, el cual, con el fin de agilizar y dinamizar la inversión de recursos en los territorios, las empresas que realicen actividades de exploración y explotación podrán formular y ejecutar proyectos de inversión, como parte del pago correspondiente a regalías. Este será un mecanismo voluntario entre las entidades territoriales y las empresas productoras.
Estos proyectos deberán contar con la aprobación del Órgano Colegiado de Administración y Decisión OCAD, y priorizar el desarrollo de infraestructura en servicios públicos, vías terciarias, así como proyectos agrícolas y productivos en las regiones. Los recursos destinados a estas obras serán administrados por una fiducia mercantil, que será la responsable de adelantar procesos en los que se apliquen los principios de contratación pública, tales como la selección objetiva, la pluralidad de oferentes y la libertad de concurrencia para garantizar transparencia en la inversión.
Desde el año 2012, se han aprobado más de $30 billones de pesos del Sistema General de Regalías para invertir en más de 13.000 proyectos. Los sectores más beneficiados han sido educación y transporte. Según datos del Departamento Nacional de Planeación, los recursos de regalías han explicado cerca del 20% de la reducción de la pobreza, en los últimos años, en Colombia.
Con la aprobación de este proyecto, los alcaldes y gobernadores serán unos convidados de piedra a la hora de ejecutar proyectos financiados con regalías, ya que de cierta manera serán las empresas las que decidan que obra hacer y quien la ejecuta, deslegitimando la figura de primeras autoridades tanto departamentales como municipales.
