Ante una serie de quejas y denuncias presentadas por las comunidades indígenas de Caño Mochuelo, y apoyadas por la Defensoría del Pueblo, sobre las precarias condiciones sanitarias por las que atraviesa el resguardo indígena, a pesar de que existen medidas cautelares ordenadas al tenor de un fallo de tutela emitida en el año 2016, las cuales presuntamente no se han cumplido, la Defensoría interpuso una acción popular que busca que se solucionen definitivamente las necesidades de estos pueblos históricamente afectados por la carencia de servicios públicos dignos.
El Tribunal Administrativo de Casanare, admitió la acción popular y determinó una serie de medidas cautelares que deben cumplir los entidades públicas territoriales con competencia en el resguardo, tal es el caso de Acuatodos y la gobernación de Casanare, quienes tendrán un plazo de 30 días para presentar un diagnóstico sobre la calidad del agua, con su fuente de abastecimiento y tratamiento, del sistema de alcantarillado, si lo poseen, o si utilizan letrinas, sus necesidades de salud; dicho informe debe ser elaborado por un grupo interdisciplinario que incluya médico, ingeniero civil, ingeniero ambiental, entre otros.
A las alcaldías de Paz de Ariporo y Hato Corozal, se les ordenó de manera urgente salvaguardar la salud de los habitantes del resguardo, hasta que se revisé el informe de la gobernación para tomar las medidas de fondo que garanticen laos servicios públicos y de salud de la comunidad indígena de ese resguardo.
