El Consejo de Estado revocó las decisiones emitidas por el Tribunal Administrativo de Casanare, con relación a las sanciones decretadas contra cinco urbanizadores ilegales, que desarrollaron planes de vivienda en Yopal, sin garantizar servicios públicos a los compradores.
La orden de abrir incidente de Desacato recae sobre Silvia Yaneth Aldana Cortés, de H&S Bienes Raíces S.A.S; Omar Cruz Ángel; de Inversiones Cruz Barrera; Osmary Martina Coronado Piña, de Fundación Nueva Granada; Jairo Pezca Cepeda Asesorías ATS del Llano y Zoraida Jaimes Ballesteros, de Asociación de Vivienda J&G Bienes Raíces la Española.
El Desacato es por no cumplir las órdenes dadas al tenor de una acción popular, las cuales consistían en garantizar el suministro de agua potable a los habitantes de dichos planes de vivienda la cual, aún les es suministrada esporádicamente y por medio de carrotanques, y de igual manera, se evidenció captación ilegal de agua de un pozo subterráneo y no hay obras concretas respecto del plan de mitigación de impacto ambiental por vertimientos domésticos.
Es de resaltar, que estos empresarios ya habían sido cobijados con Desacato en junio del año 2017, y fueron condenados a pagar entre 15 y 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes, según lo informó este mismo medio de comunicación. http://suversion.com.co/home/multan-a-urbanizadores-piratas-en-yopal/
