“Si queremos entender el conflicto, tenemos que entender estas relaciones en las que están de por medio intereses económicos nacionales e internacionales, organizaciones populares y la naturaleza. Si no entendemos esto, no podremos superar el conflicto y no entenderemos la verdad profunda de las cosas y por lo tanto no habrá salida adecuada”, explicó el comisionado Saúl Franco.
De acuerdo con Daniel Marín, investigador del equipo de dinámicas económicas de la Comisión, hay tres características principales en la relación petróleo y conflicto armado:
- “Una idea de que el petróleo es una economía de interés nacional; eso implica que la relación entre Bogotá y los distintos territorios petroleros del país, está relacionada con la interlocución entre las empresas petroleras y el gobierno central. Eso hace que muchas veces los intereses de los territorios petroleros se vean disminuidos o no sean tenidos en cuenta en el marco de desarrollo de la política.
- Tras las grandes inversiones de petróleo en el siglo XX, se genera una colonización, personas de distintas partes del país llegan a los territorios petroleros ante el boom económico. Esto también hace que atraigan a otros actores, particularmente los actores no estatales, ilegales, lo que conocemos nosotros como las guerrillas y los paramilitares.
- Cuando llegan las empresas, estos grupos armados ilegales empiezan a tener relaciones de victimización atacando a los oleoductos, amenazando y secuestrando, entre otras acciones. Pero también genera unas relaciones de connivencia, en las que las empresas entran y militarizan el territorio y tienen relaciones con los grupos armados ilegales, que generan también victimizaciones mucho más amplias, por ejemplo desplazamientos, muy marcados alrededor de las zonas donde se hace la extracción y la explotación del recurso”.
Para Camilo González, director de Indepaz, “el Estado tiene una responsabilidad en la relación del sector petrolero con grupos armados, el Ejército y otra serie de situaciones; por un lado por omisión y una historia larga de ausentismo, en la que la fuerza pública se ha hecho de la vista gorda, como ha sido manifestado en declaraciones de de Justicia y Paz, en testimonios de organizaciones y de las comunidades”.
Diego Mariño, investigador de la Comisión en la macro Nororiente, aclara que la relación petróleo y conflicto armado tiene extensiones en otras dinámicas económicas: “se teje todo un tema de otras economías paralelas, por ejemplo el tema del narcotráfico, el contrabando de gasolina de la frontera con Venezuela y también una serie de terceros beneficiados porque cada vez que hay una voladura de oleoducto se requiere mano de obra, contratistas, etcétera. El tema del robo de combustible incluye a la fuerza pública, porque esas pimpinas de gasolina o de combustible pasan por las carreteras nacionales frente a los ojos de las autoridades”.
Respecto a lo ocurrido en Casanare, respecto al petróleo y el conflicto armado, “cuando más recibía regalías es cuando los índices de violencia, asesinatos, desplazamientos, persecuciones a líderes, aumentaron. O sea que hay una relación entre los precios del petróleo, el aumento de las regalías y el incremento de la guerra y la violencia, la lucha entre las élites locales y sus alianzas con los actores armados en los territorios”.
Según el informe de Ideas para la Paz, sobre los ataques a la infraestructura petrolera en el marco del conflicto armado desde 1986 a 2015, las acciones armadas contra la infraestructura se concentran en 5 departamentos: Putumayo en donde ha habido el 24,4% de los ataques, Arauca con el 23,1%, Norte de Santander con el 18,5%, Nariño con el 6,3% y Santander con el 4,3%. Es decir, podemos entender que en este Nororiente ha habido una gran parte de los ataques y el mayor responsable de las acciones ha sido el ELN. El 70% de sus acciones ocurrieron en la década de 1990 y en total hubo 348 ataques en Arauca, 262 en Norte de Santander y 74 en Santander.
