Extractado de: Rutas del Conflicto y la Liga contra el Silencio
La Estructura de Apoyo de la Fiscalía, las Fuerzas Armadas y la Policía mantienen convenios de cooperación con empresas del sector minero-energético para garantizar la seguridad y perseguir delitos. En los territorios donde se ejecutan los proyectos, las comunidades denuncian abusos y persecuciones. Existen inversiones en paquetes turísticos para militares y policías, instrumentos musicales y otros gastos detectados en más de 200 acuerdos.
En el departamento de Casanare, en 8 municipios se desarrollan estos tipos de convenios entre las petroleras y la fuerza pública así:
Aguazul se desarrollan 6 convenios.
Nunchía se desarrollan 2 convenios
Maní se desarrollan 5 convenios
Paz de Ariporo se desarrollan 2 convenios
Támara se desarrollan 2 convenios
Tauramena se desarrollan 2 convenios
Trinidad se desarrollan 2 convenios
Yopal se desarrollan 9 convenios.
En enero del año 2018, Ecopetrol firmó un convenio de cooperación con la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y el Fondo Rotatorio de la Policía, por más de 17.000 millones de pesos. Este acuerdo estuvo vigente hasta diciembre del mismo año y abarcó varios departamentos, entre ellos el Meta y Casanare. El objeto del acuerdo era reforzar la “capacidad investigativa y de judicialización en la represión de las conductas delictuales que afectan a la empresa, sus grupos empresariales y asociadas”.
Entre los acuerdos de colaboración encontrados, algunos destinan una parte del presupuesto para el “bienestar personal de los funcionarios”. En las actas de liquidación de los convenios es evidente que el “bienestar” de militares y policías no está relacionado con sus actividades dentro de la institución, sino que consiste más bien en estímulos. Por ejemplo, el convenio 12- 031, entre el Ministerio de Defensa y Ecopetrol, gastó 470.749.660 de pesos en planes turísticos para miembros de la Fuerza Aérea.
El Ministerio de Defensa no solo destinó dinero de los convenios para el bienestar personal de los funcionarios; también invirtió en el ‘bienestar espiritual’: la construcción y mantenimiento de capillas. Así lo refleja el convenio 13- 047, celebrado entre la Compañía Española de Petróleos, Cepsa y el Ministerio de Defensa, que incluye un gasto de 45 millones de pesos en la construcción de la capilla de la Octava División del Ejército, con sede en Yopal.
Cuando se trata de acuerdos con la Fiscalía, todas las partes que firman aportan recursos. A su vez, la Fiscalía se compromete a priorizar casos y poner especial atención en reforzar su capacidad investigativa y de judicialización en la represión de delitos que afecten las operaciones de las empresas, como está registrado en el convenio entre las Estructuras de Apoyo y Ecopetrol.
La Fiscalía cumple su compromiso a través de las llamadas Estructuras de Apoyo, EDA, divisiones destinadas exclusivamente a delitos contra el sector de hidrocarburos. Desde 2013, las Fiscalías EDA en Arauca, Casanare y Meta ampliaron su campo de acción para investigar delitos de terrorismo, secuestro, violación de la libertad de trabajo, concierto para delinquir y obstrucción a vías que afecten el orden público.
Según la resolución que regula los convenios, estos se celebran solo cuando están dirigidos a la defensa y la seguridad nacional, en un contexto donde el sector minero-energético, sobre todo el de hidrocarburos, ha sido por décadas blanco de grupos armados ilegales. Las voladuras de oleoductos, el secuestro o la extorsión de miembros de algunas de estas empresas son algunos ejemplos de esa situación.
Ante este escenario, el propósito de los convenios es proteger la infraestructura de las empresas y judicializar de manera prioritaria a quienes atenten contra ellas. Todo por la seguridad nacional.
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