Ante la proliferación de planes de vivienda piratas en la ciudad de Yopal, que han desembocado en una serie de acciones populares que buscan proteger tanto los intereses de los incautos compradores, como de proteger el patrimonio público de la ciudad, los jueces han venido impartiendo una serie de órdenes para contrarrestar esta problemática, llegando al punto de exigir inclusive la demolición de construcciones en dichos planes de vivienda.
Es por eso que la Oficina Asesora de Planeación en cumplimiento de las normas urbanísticas y control urbano, al igual que atendiendo las órdenes impartidas en sentencia de fecha 7 de noviembre de 2017 y demás providencias emitidas dentro de la Acción Popular 2015-00232, le dio a conocer a la ciudadanía en general que se abstenga de invertir, comprar, negociar bajo ninguna modalidad o construir en lotes del sector de la vereda el PICON-LA PEDRERA, toda vez que los proyectos urbanísticos que allí se desarrollan, se encuentran ubicados en zona rural según el Plan de Ordenamiento Territorial, no existe plan de expansión urbana, no cuentan con disponibilidad de servicios públicos domiciliarios y se encuentran en una zona de amenaza media por inundación según el POT.
Es de señalar que los servicios públicos, son responsabilidad del urbanizador tal y como lo consagra el artículo 2.2.6.1.2.3.6 del Decreto 1077 de 2015, en razón de garantizar el acceso al servicio de agua potable, alcantarillado, electricidad, así mismo el urbanizador debe ceñirse a lo dispuesto en el artículo 2.2.2.1.4.1.3 del Decreto en mención, que consagra las Condiciones para adelantar la actuación de urbanización, en las que se encuentra garantizar las condiciones de accesibilidad y continuidad del trazado vial.
De otra parte, el urbanizador debe garantizar áreas destinadas al desarrollo de espacio público y equipamientos.
