Desde el 1 de julio hasta el 3 de julio de 2020, la Policía Nacional adelantó la operación denominada ‘Atenea’, ofensiva contra actores criminales que han vulnerado los derechos de los niños, niñas y adolescentes en 42 municipios del territorio nacional.
La Dirección de Protección y Servicios Especiales fue la encargada de liderar este contundente resultado operacional a través de sus grupos de Protección a la Infancia y Adolescencia y las unidades básicas de investigación judicial, que en coordinación con la Fiscalía General de la Nación lograron la materialización de 90 capturas; 81 de estas por orden judicial y 9 en flagrancia.
El trabajo de los uniformados también permitió la desarticulación de bandas de delincuencia común organizadas quienes instrumentalizaban a los menores de edad para cometer diferentes delitos como hurto, comercialización ilícita de estupefacientes, homicidio e incluso pornografía infantil. También se dio captura a pedófilos y pederastas que habrían aprovechado su posición para abusar de los menores, entre los presentados ante las autoridades hay un instructor deportivo un líder religioso.
38 de los victimarios fueron relacionados como familiares de las víctimas, como padres, padrastros, hermanos, primos y tíos.
«Cuando uno solo de nuestros niños, niñas o adolescentes es violentado en cualquier forma, retrocedemos como sociedad y quien se atreva a agredirlos debe saber que haremos que pague con todo el peso de la ley. Por eso, aplaudimos estas acciones de la Policía Nacional que hoy permiten entregar resultados contundentes contra los victimarios de nuestros niños. Desde el ICBF continuamos en nuestra labor de protegerlos y garantizarles sus derechos, a la fecha hemos abierto más de 62.000 procesos administrativos de restablecimiento de derechos a niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados», expuso la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Lina Arbeláez.
Por otra parte, en uno de los allanamientos en Bogotá, se rescató una adolescente que fue encontrada al interior de un establecimiento comercial dedicado a la trasmisión web de contenido sexual. En Antioquia, los delincuentes bajo la modalidad de sextorsión intimidaban a sus víctimas entre los 10 y los 13 años de edad, obligándolos a compartir fotos y videos íntimos con contenido sexual explícito. Algunas víctimas también eran instrumentalizadas para captar otros menores de edad para cometer el mismo ilícito.
