Las labores definidas por la Fiscalía General de la Nación para garantizar que el desempeño de sus funcionarios se enmarque en principios de legalidad y transparencia, permitieron identificar y actuar judicialmente respecto a situación irregular que ocurrió en la Unidad de Reacción Inmediata (URI) del barrio Crespo, en Cartagena (Bolívar).
El 14 de diciembre de 2017, personal de policía judicial detectó que de la sede judicial fueron extraídos 24 paquetes de clorhidrato de cocaína de un cargamento de 104 kilogramos que había sido incautado días atrás en la ciudad.
Las investigaciones realizadas por un fiscal de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico dieron cuenta de que Rubén Darío Cantillo Fernández, técnico investigador del CTI, fue el responsable de los hechos. Con testimonios y otros elementos de prueba se demostró que, sin tener competencia ni autorización, ingresó a la bodega donde estaba la droga y tomó los 24 bloques de cocaína. Algunos fueron encontrados en otro
procedimiento judicial que se realizó contra un traficante de drogas.
Un juez penal especializado de Cartagena avaló cada una de las evidencias presentadas por la Fiscalía, y condenó a Cantillo Fernández a 21 años y 10 meses de prisión por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado; y peculado por apropiación. Adicionalmente, impuso una multa 2.668 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidad de 20 años para el ejercicio de derechos y funciones
públicas.
La Fiscalía General de la Nación hace pública esta información por razones de interés general.
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