En una minuciosa investigación realizada por los periodistas del portal www.cuestionpublica.com denominado “el millonario negocio de las camas vacías”, el cual indaga sobre la Resolución 1161 del 15 de julio de 2020, denominada el incentivo de Minsalud por mantener camas vacías en lo que hace parte de las llamadas ‘canastas covid’, un conjunto de 13 servicios que se pagan con recursos públicos a entidades de salud públicas y privadas. Los resultados son los siguientes.
Mientras crecía la demanda de camas en unidades de cuidados intermedios e intensivos en el país por Covid-19, el Ministerio de Salud creó un incentivo que le pagaba a entidades de salud para mantenerlas vacías. De esta manera, entidades privadas recibieron el 73% del total de recursos públicos girados, es decir $267.539 millones. Esta medida no ha tenido un proceso de control o evaluación suficientes, y continúa vigente.
Según lo recabado por Cuestión Pública, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud Adres giró $366.385 millones a las clínicas y hospitales del país que reportaron camas vacías entre junio y agosto de 2020.
Para el caso de Casanare, la ADRES, presupuestó en los meses de julio y agosto del 2020, $1.863.785.800, de los cuales al sector público (Horo) le correspondieron $1.242. 939.982, de los cuales según el departamento financiero del hospital a diciembre de ese año le giraron $964.019.602, y al sector privado $620.845.818.
Para Francisco Castellanos, director de la Organización para la Defensa del Paciente, los recursos que se destinan a costear camas UCI e intermedias vacías, de manera transitoria habrían podido ayudar a mitigar la emergencia por Covid-19 de forma más eficaz y eficiente: “se podría contratar mejor al personal de salud garantizando su salario y condiciones de trabajo dignas […] También se hubiesen podido dotar mejor las instalaciones que necesitan adecuaciones o mejoras en infraestructura […] o se hubieran podido construir hospitales donde no los tienen”.
