En el año 2015 la Gobernación de Casanare, suscribió el contrato CAS-014, cuyo objeto es “CONSTRUCCION PASO ELEVADO SOBRE EL RIO ARIPORO, LINEA DE CONDUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO, DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO”, por valor de $2.394.604.990, cuyo plazo era de 7 meses, y el contratista es la unión temporal “El Paso”, representada legalmente por el ingeniero y excandidato a la alcaldía de Recetor Edgar Yesid Bernal. La fuente de financiación de la obra es de regalías.
Este proyecto según la Contraloría General de la Nación, presenta una serie de irregularidades, al punto, que es considerada una obra inconclusa. Ello se desprende de la auditoría que dicho órgano de control le realizó a este contrato y en el cual se evidenciaron una serie de irregularidades como por ejemplo, el contrato estaba pactado a realizarse en 7 meses, pero duró suspendido durante 17,27 meses, y adicional a ello se le hizo una adición de 5 meses más.
En el informe dado a conocer por la Contraloría, se detalla que el contrato fue terminado por vencimiento del plazo contractual el día 8 de febrero del 2018, tiempo después de que el ente de control realizará la auditoría, es decir, en la gobernación no habían hecho nada para contrarrestar el detrimento patrimonial de este contrato, es más, la Contraloría en su informe menciona que “Este órgano de control no observa que el Departamento de Casanare en uso de sus facultas haya requerido en alguna oportunidad al contratista con el objeto de que este diera cumplimiento a las obligaciones pactadas en el contrato celebrado, adicionalmente no evidencia gestión alguna por parte del ente territorial encaminada a declarar el siniestro e incumplimiento al contratista, esto con fin de hacer efectivos los amparos suscritos en la pólizas de seguro. Es importante resaltar que en revisión documental de las pólizas enviadas por el Departamento de Casanare en estas se observa que los amparos de anticipo y cumplimiento se encuentran vencidos desde el día 20 de Marzo del año 2018, hecho que demuestra que los recursos entregados al contratista en este momento se encuentran desprotegidos”.
Adicionalmente, según el informe, hay desaparecidos más de quinientos millones de pesos dados como anticipo al contratista, los cuales se encuentran sin amortizar, por lo que se determinaron acciones antieconómicas, ineficaces e ineficientes, con afectación del patrimonio público, puesto que la obra se encuentra inconclusa.
Las respuestas dadas por la gobernación al informe de la Contraloría, no fueron de buen recibo del ente de control, por lo que se deja en firme los hallazgos disciplinarios y fiscales por valor de $876.428.929.
