Mediante una acción de tutela impetrada por un contratista de la gobernación, se busca que la secretaría de educación realice la liquidación de un contrato de interventoría, el cual, lleva cerca de cinco meses sin que haya surtido dicho trámite, a pesar de haberse solicitado por medio de dos derechos de petición, se diera explicación sobre los motivos para no liquidarlo.
El contrato en mención es el 2094 del 2016, cuyo objeto es “realizar interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera a los mejoramientos de la infraestructura de varios internados en Casanare”, y cuyo plazo de ejecución era de 6 meses. El contratista presentó los informes para la liquidación del contrato el 7 de diciembre del 2017, el valor es de $109.842.244, pero no se obtuvo respuesta por parte de la supervisión delegada de dicho contrato, que en este caso le corresponde al despacho de cobertura educativa, adscrito a la secretaría de educación departamental, quien ya había firmado el acta de recibo final de la obra.
El afectado contratista interpuso un derecho de petición el 13 de marzo de 2018 (3 meses después de haberse radicado el informe de liquidación), el 16 de marzo, de manera informal una funcionaria de la secretaría le entrega una serie de correcciones al informe, y le entrega una respuesta al derecho de petición; el 21 de marzo, el contratista radica el documento con las correcciones, pero no recibe respuesta al respecto, por ende, decide interponer un segundo derecho de petición sin que a la fecha, haya recibido respuesta.
Toda esta tramitología le ha generado problemas al interventor, ya que las pólizas adquiridas están a punto de vencerse, los tiempos ya se agotaron, los compromisos que se tiene con terceros les están generando intereses moratorios, y la secretaría de educación departamental no se pronuncia al respecto. La tutela fue asignada al Juzgado Primero Penal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Yopal.
