Desde el año 2016 la Contraloría de Casanare inició la indagación preliminar No. 001 en contra del entonces gerente de Enerca, Jorge Elberto Torres, por una serie de sanciones que le impuso la Superintendencia de servicios públicos, por no contestar a tiempo una serie de derechos de petición, lo cual generó que la empresa tuviese que pagar $6.318.737; por lo cual la actual dirección del ente de control desempolvó el proceso y decidió solicitar las pruebas pertinentes.
Lo llamativo de este proceso de responsabilidad fiscal, es que hasta este año el ente de control aceptó solicitar una serie de pruebas pedidas por la defensa del entonces gerente, pruebas como la certificación de Enerca del que mencionado señor era el gerente, certificación con nombre, identificación, hoja de vida, declaración de bienes y última dirección de residencia y correo electrónico conocido de quienes estaban encargados de atender PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS en la entidad, en las vigencias 203 y 2014; es decir tuvieron que pasar 6 años para que el ente de control pidiera unos documentos que fácilmente su hubieran podido descargar de la página web de la empresa, o de los comunicados de prensa que emitían en esa época.
Pero tal vez lo más sorprendente de este proceso, es que se tuvo que nombra un abogado de oficio para que defendiera al exgerente, ya que no ha sido posible desde el 2016, ubicarlo en la dirección física que reposa en el expediente, como tampoco en el correo electrónico que se había suministrado, es decir, al exgerente no lo pudieron notificar de la investigación.
