El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, dijo que el órgano de control adelanta un total de 237 procesos disciplinarios y 670 preventivos, así como también evalúa otros 185 registros, como parte de las acciones emprendidas en defensa de los derechos de los ciudadanos, las comunidades étnicas, trabajadores de la salud y la vigilancia de los recursos destinados para atender la emergencia presentada por el covid-19 en el país.
Así lo comunicó el Jefe del Ministerio Público en la plenaria del Senado de la República, citada para conocer las acciones tomadas por los entes de control frente a la actual coyuntura que vive el país por el covid-19, y agregó que, de esas cifras, 43 procesos se adelantan en 19 gobernaciones y 150 en 117 alcaldías.
Carrillo Flórez resaltó que la entidad trabaja en cinco frentes para abordar la actual coyuntura, que son el alistamiento para la infraestructura médico-asistencial, la protección de los trabajadores, el control al acaparamiento, la protección de la población privada de la libertad y la vigilancia de los recursos públicos.
Entre las medidas adoptadas, señaló que desde la Procuraduría se gestionó ante el Ministerio de Trabajo el suministro, por parte de las Administradoras de Riesgos Laborales, de los elementos de protección al personal de salud, así como se le hizo un llamado a la ciudadanía para evitar la discriminación de esos profesionales.
Indicó que se le solicitó a la Superintendencia de Subsidio Familiar garantizar el beneficio al desempleo de los trabajadores cesantes por la emergencia presentada por el Covid-19, siempre y cuando hubiesen cotizado por un año o durante los últimos cinco años a las cajas de compensación.
Precisó que hay 650 casos positivos de covid-19 entre las personas privadas de la libertad y los funcionarios de las cárceles del país, “por lo que hemos intervenido preventivamente para que se garantice la dotación de insumos de protección”.
Resaltó que la Procuraduría avanza junto con la Fiscalía General y la Contraloría General en el programa ‘Transparencia para la emergencia’, en la vigilancia y seguimiento al manejo de los recursos para atender la emergencia sanitaria.
Carrillo Flórez puntualizó que “la corrupción es un factor de violencia, que tiene la capacidad de matar, es un atentado contra los derechos fundamentales de los ciudadanos, sobre todo cuando viola el derecho a la salud o juega con la seguridad alimentaria o con ayudas vitales para la supervivencia de los colombianos”.
