El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, anunció una comisión especial de vigilancia para que las políticas y convenios internacionales aprobados por el Estado colombiano, se traduzcan en derechos efectivos para las personas en condición de discapacidad.
Al intervenir en el Foro ‘Por la inclusión y la capacidad jurídica de las personas con discapacidad’, organizado por la Procuraduría, Carrillo Flórez señaló que la comisión estará integrada por cinco delegadas responsables de buscar y concertar espacios de participación en el sector público, la academia y el sector privado.
Precisó que en carta al Presidente, Iván Duque Márquez, evidenció los avances, limitaciones y retos de la política pública frente al tema de la discapacidad. “Tenemos una gran preocupación, porque aquí hay convenciones internacionales que obligan a la garantía del derecho a la educación, al trabajo, a la salud, y realmente lo que hemos hecho en Colombia es muy poco”, señaló.
Aseguró que el Estado tiene que desplegar todos los esfuerzos para garantizarles a las personas en condición de discapacidad los principios de igualdad y no discriminación consagrados en la Constitución.
“Lo más dramático de todo esto es que no solo ignoramos los derechos sino que la corrupción se ha pegado como una costra también al sistema de salud en Colombia. Nuestra batalla es precisamente porque estamos defendiendo el derecho fundamental de los colombianos a una salud que es pública y no como algunos han dicho, que es un negocio entre particulares”, precisó el Procurador.
Carrillo Flórez expresó que aunque hay avances, el modelo educativo no puede estar encaminado solamente a la integración sino a la inclusión, con una perspectiva de pertinencia, calidad y equidad, que vaya de la mano con la construcción de una sociedad tolerante y respetuosa de las diferencias. “El sistema educativo debe adaptarse a las necesidades de los estudiantes, en lugar de exigirle a las personas con discapacidad que se adapten al sistema”, dijo.
Indicó que el censo de 2005 arrojó que en el país el 6.4% de la población tiene algún tipo de discapacidad, aunque algunas organizaciones sociales y la Corte Constitucional han estimado que la cifra asciende al 15%. Agregó que el 52,3% de la población con discapacidad está en edad productiva, pero solo el 15,5% tiene algún tipo de trabajo y apenas el 2.5% gana un salario mínimo o más.
Destacó la importancia de quienes se encargan de cuidar a las personas con discapacidad, que en un 70% son mujeres y no tienen acceso a pensión, salud y
vacaciones. Para el procurador no se pueden garantizar los derechos humanos de esta población si no se resuelve y defienden los derechos de las personas que los cuidan.
Finalmente señaló que “lo que hay que eliminar son unas barreras mentales que se constituyen en el mayor impedimento para avanzar en el reconocimiento de los derechos de las personas en condición de discapacidad.
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