La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 10 años y tres meses al presidente de la Asamblea Departamental del Guaviare, Ómar Enrique Fernández Arias; al primer vicepresidente, Héctor Raúl Aldana Castañeda y al segundo vicepresidente, Porfilio Murillo Ramírez, por irregularidades en la convocatoria para proveer el cargo de contralor departamental del Guaviare.
En el mismo fallo, el órgano de control suspendió por tres meses a los diputados Arcesio Sanabria Gutiérrez y Alonso Alexander Cifuentes Hoya.
El Ministerio Público estableció que los disciplinados presentaron una proposición ante esta corporación y la votaron positivamente, a fin de otorgar facultades a la mesa directiva para realizar una segunda convocatoria dirigida a elegir al contralor para el período 2016-2019, a pesar de conocer una lista de candidatos ejecutoriada y en firme, establecida mediante Resolución 012 del 31 de diciembre de 2015.
Con este actuar los miembros de la mesa directiva violaron el numeral 1º del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, por encuadrarse como delito de prevaricato, consagrado en el artículo 413 del código penal, modificado por el artículo 33 de la Ley 1474 de 2011.
La Procuraduría demostró que los funcionarios vulneraron bienes jurídicos de particulares, como lo es el acceso al cargo de contralor departamental, y el acto administrativo donde se les declaraba elegibles para el cargo en el cual concursaron.
Las faltas de Fernández Arias, Aldana Castañeda y Murillo Ramírez fueron calificadas como gravísimas cometidas a título de dolo y las de Sanabria Gutiérrez y Cifuentes Hoya como graves, cometidas con culpa gravísima.
Esta decisión de primera instancia dada a conocer en audiencia pública y apelada por los disciplinados, fue adoptada en la Sala Territorial Disciplinaria integrada por los procuradores regionales del Meta y Guaviare. El recurso interpuesto será resuelto por la Procuraduría I Delegada para la Vigilancia Administrativa
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