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Procuraduría formuló pliego de cargos contra exsecretario de Agricultura de la alcaldía de Arauca y 4 concejales actuales

La Procuraduría General de la Nación formuló pliegos de cargos contra el exsecretario de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de la alcaldía de Arauca, Luis Alberto Tovar Arias (vigencia 2012 -2015), por presuntas irregularidades en la supervisión de un contrato por valor de $178.791.910.

La Procuraduría Regional de Arauca busca establecer si Tovar Arias presuntamente omitió verificar el cumplimiento del objeto del contrato No.391 de 2015, para la reforestación en los predios Bacarrones y Caño Jesús sitios de protección ambiental del municipio, y lo habría certificado, para que se efectuara el pago con recursos del Sistema General de Participaciones, con lo que al parecer permitió un detrimento patrimonial de $83.108.228 pesos.

El ente de control también busca establecer por qué Tovar Arias no suspendió la ejecución del contrato o la modificación del sitio proyectado, si al parecer la alcaldía municipal de Arauca conocía que el predio Caño Jesús se encontraba en un 70% afectado por invasiones, y sin embargo habría propiciado la pérdida de lo invertido en la reforestación.

El Ministerio Público calificó provisionalmente la presunta conducta de Tovar Arias como gravísima, a título de culpa gravísima, por posible violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento.

De igual manera La Procuraduría General de la Nación abrió indagación preliminar contra 4 concejales de Arauca (vigencia 2016-2019), miembros de la Comisión Primera por presuntas irregularidades en el cumplimiento de funciones.

La Procuraduría Regional de Arauca indaga si los concejales Eulises Fernando Corse Peroza, Ángel Andrés Carvajal Torres, Omar Santiago Díaz Riay y Danni Rogelio Linares Caicedo, incurrieron en presuntas irregularidades en el trámite del proyecto de acuerdo, “en el cual se modifica y adiciona el presupuesto de ingresos, gastos y recursos de capital del municipio de Arauca, para la vigencia fiscal 2019”.

El ente de control ordenó la práctica de pruebas con el fin de verificar la ocurrencia de la conducta objeto de la indagación, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria o establecer si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.

Los indagados podrán solicitar ser escuchados en versión libre.

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