Graves denuncias hizo el hoy ex procurador regional de Casanare Juan Pablo García, en relación a la manera en que se venía desempeñando este órgano de control disciplinario, al cual catalogó de “nido de corrupción”; así lo dio a conocer al procurador general en una carta dada a conocer por los periodistas Martha Isabel Cifuentes y César Colmenares de la emisora Violeta Stereo, que a continuación presentamos.
El ex procurador regional de Casanare Juan Pablo García denuncia ante el procurador general de la Nación que varios funcionarios de esta regional muestran incongruencia evidente entre el patrimonio manejado, lo que muestran y el cargo y salario que legalmente devengan en la entidad.
En su cruda carta de dimisión, García dice textualmente: “Del número de funcionarios que tengo a mi cargo, mediante el trato y acompañamiento que he desempeñado desde el día de mi posesión he encontrado situaciones que para mi concepto y experiencia son anómalas, tales como la incongruencia evidente entre el patrimonio manejado por mis colaboradores, lo que muestran y el cargo y salario que ellos legalmente devengan, notando desproporciones que saltan a la vista, salvo que no solo provengan de sus ingresos corrientes, sino por otros medios y que son de gran preocupación para el suscrito, atendiendo que de acuerdo a lo descrito en el anterior punto, existe una gran posibilidad que dentro de nuestras dependencias se estén manejando acciones contrarias del orden legal, que trasmutarían en algún tipo de actividad delictiva”.
Allí mismo le informa que el buen nombre y prestigio de la entidad por medio de la prensa y demás medios de comunicación es altamente cuestionado y reprochado, en vista de los altos márgenes de corrupción que se pueden estar generando dentro de esta sede, hallazgo que perjudica notablemente la transparencia y credibilidad de sus funciones. La corrupción se enquistó en la Procuraduría regional Casanare: ex procurador Juan Pablo García. En su cruda carta de renuncia y con tan solo un mes de desempeño en el cargo de Procurador Regional de Casanare, Juan Pablo García puso de manifiesto que en la sede del organismo de control disciplinario la corrupción es rampante.
Se trata de un documento de cinco páginas dirigido al procurador general de la Nación Fernando Carrillo Flórez y fechado del 19 de enero de 2017, en el que además de renunciar al cargo le presenta un duro análisis de lo que pudo observar tras posesionarse el 19 de diciembre de 2016.
“Desde el momento en que asumí, encontré ciertas anomalías e irregularidades en la Procuraduría Regional Casanare, que pude detectar en mi desempeño como procurador regional, situaciones las cuales evidencio de acuerdo a mi experiencia en temas de corrupción y mi inequívoco criterio sobre la transparencia que las entidades estatales deben tener como gendarme de funcionamiento”, afirma García, para quien debe revisarse de acuerdo al postulado de Carrillo acuñado en la frase “Ser pillo no paga”.
Empieza por destacar que el Procurador regional anterior, Luis Ariel Corredor, sí fue separado del cargo, resaltando que ni siquiera se hizo presente en las instalaciones de Yopal para atender la transmisión respectiva.
En adelante, relata una serie de situaciones que dejan en entre dicho a los funcionarios de la regional, lo cual motivaría una serie de indagaciones que ya se estarían poniendo en curso con el envío por parte del Procurador Carrillo de un equipo de cuatro personas, liderados por una funcionaria de planta para adelantar un plan piloto anticorrupción. Quejas de más de un año de radicadas y sin tramitar detectó el saliente procurador regional de Casanare Juan Pablo García. Muchos son expuestos a la figura de prescripción. A su vez, los funcionarios se investigan entre sí y resuelven así el problema.
El ex funcionario pone de relieve que esta situación refleja completa desidia y en su concepto debe ser objeto de investigación y seguimiento este asunto. Para García es preocupante, en sus propias palabras, de la siguiente manera: ”Cuando los procesos prescriben, con el fin de investigar las causales de este fenómeno, las compulsas que legalmente se abren en contra de los presuntos responsables de dichas prescripciones son asignadas a cargo de los mismos funcionarios investigados, es decir cada profesional universitario tiene a cargo la investigación de sus propios compañeros de trabajo, tornándose así un entorno en el cual el investigador también es investigado por el disciplinado y viceversa, situación la cuales dibuja la imparcialidad de los funcionarios de una forma notable”.
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