La Procuraduría General de la Nación requirió información sobre las medidas adoptadas para evitar el crecimiento exponencial del virus Covid-19 en la población venezolana que migró de manera forzosa a Arauquita, Arauca.
En comunicación enviada al alcalde de ese municipio, el Ministerio Público indagó sobre el plan de contingencia y las medidas de bioseguridad implementadas en los 54 albergues donde se encuentran alojados los ciudadanos del vecino país, tomando en cuenta que el día 13 de abril del presente año ya se habían registrado 72 casos positivos de covid 19 entre los migrantes.
De acuerdo con la información recibida por la Procuraduría, esta población se niega y elude la práctica de pruebas para detectar la presencia del virus, desconoce a las autoridades de salud del departamento y agrede e insulta al personal de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca que pretende realizar los test de diagnóstico.
El procurador regional del departamento también solicitó información sobre los avances en la elaboración del protocolo del plan de retorno voluntario de estos ciudadanos migrantes hacía su país de origen, tomando en cuenta que, según informaciones de prensa, los combates y actividades bélicas en Venezuela han cesado.
Entre tanto, el primer mandatario de Arauquita, Arauca, adoptó medidas como el toque de queda y la ley seca, hasta el próximo 16 de mayo, entre otras acciones, así como el mantenimiento de las medidas generales de bioseguridad para disminuir el riesgo de propagación del mencionado virus.
