En un país en donde los recursos públicos son escasos, los elefantes blancos son una muestra tangible de la ineficiencia, la mala administración y la corrupción.
Los elefantes blancos son colegios a los que no asisten los alumnos porque no fueron terminados, son hospitales que no atienden pacientes y vías que ningún vehículo usa. Son acueductos a medias que no llevan agua, o viviendas que suman años con maleza porque nadie las habita.
Para cazar estas obras y buscar que sean continuadas, la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari) de la Contraloría está usando la tecnología para cruzar información y georreferenciar estos proyectos en los que se gastaron cuantiosos recursos públicos, pero que se quedaron a medio camino o que no son útiles.
Con ese cruce de datos y hasta con una búsqueda satelital, la Diari encontró en el país 1.300 obras que constituyen elefantes blancos, obras abandonadas u obras críticas, que cuestan más de 20 billones de pesos.
Con ese dinero se podría cubrir la mitad del presupuesto que, antes de la pandemia, el Gobierno destinó este año para las regiones, pagar casi la mitad de lo que se destinó para educación en el 2020, o un 64 por ciento de lo que se había destinado para la salud este año.
EL TIEMPO conoció un estudio de la Contraloría que evalúa detalladamente qué pasó con por lo menos 1.193 obras cuestionadas, que cuestan 8.7 billones de pesos. De los proyectos evaluados, la Contraloría encontró que el 15,14 por ciento son elefantes blancos (es decir, son obras inservibles), el 24,45 por ciento son obras inconclusas (nunca fueron entregadas), y el 29,19 por ciento son proyectos críticos (tienen preocupantes retrasos de años o décadas).
La mayoría de estas obras son del sector de agua potable y saneamiento básico (18,36 por ciento), cifra preocupante si se tiene en cuenta que el país tiene departamentos como Guainía, Chocó, Vaupés, San Andrés, Amazonas o La Guajira, en donde la cobertura de agua está apenas entre el 21 y el 46 por ciento.
Le sigue el sector de la educación (17,18 %), en donde uno de los casos más preocupantes es el del Plan Nacional de Infraestructura Educativa (PNIE), que buscaba implementar la jornada única escolar y para el que se invirtieron más de 3 billones de pesos. De 541 colegios solo ha terminado 162, y ha entregado 35.
Después está el sector del transporte (14,55 %), vivienda (10,64 por ciento), y deporte y recreación (6,64 po5 ciento).
Una de las obras más onerosas y con retrasos, detectada por la Contraloría, es la construcción de 988 viviendas en Gramalote, Norte de Santander, pueblo que tuvo que ser reubicado luego de que se hundió hace 10 años, en medio de una cruda ola invernal. Aunque allí se han invertido 64.643 millones de pesos y la obra va por un 85 por ciento, las familias damnificadas siguen sin recibir el nuevo pueblo.
También aparece en el listado el Túnel de la Línea, en Quindío, calificado por la Contraloría como un proyecto crítico para el que el presupuesto es de 1.1 billones de pesos. De esta obra, que se adjudicó en el 2008, el país viene hablando por lo menos en las últimas tres décadas. Del Túnel, que según Invías estaría por fin listo en septiembre, la Contraloría ha dicho que terminó costando un 500 por ciento más de lo esperado.
Este estudio de la Contraloría, muestra que los 10 departamentos con más proyectos sin terminar son Casanare (104 obras inconclusas), seguido por Cundinamarca (93), Nariño (94), Meta (93), Boyacá (76), La Guajira (53), Antioquia (48), Córdoba (38), Sucre (35) y Cauca (34).
Los departamentos con más pérdidas
El evaluar los montos de las obras, el orden de los 10 departamentos con mayores presuntos detrimentos cambia. En primer lugar aparece La Guajira, en donde los elefantes blancos tienen un valor de más de 1,2 billones de pesos.
También aparece Casanare, con obras paralizadas por 731.906 millones de pesos. Una de ellas es la construcción de un sistema de abastecimiento de agua potable para Yopal, en el que hay sumas invertidas por 76.857 millones de pesos. También está la construcción de un megacolegio en Paz de Ariporo que fue licitado hace 13 años, con un costo de 9.499 millones de pesos. Esa escuela siguen sin beneficiar a los 1.500 estudiantes a los que les debía servir.
Uno de los objetivos de la Contraloría es lograr que las obras se terminen. Por eso priorizó 58 proyectos, suscribiendo compromisos con los responsables de esas obras que cuestan 1.6 billones, para que puedan cumplir su objetivo: servir a unos 5 millones de personas.
Hasta ahora el organismo ha logrado avanzar, por ejemplo, en conseguir un convenio para continuar el Coliseo Mayor de Ibagué o terminar los patinódromos y estadio de fútbol, que hacían parte de los escenarios deportivos que debían estar listos para los Juegos Nacionales del 2015, pero que no fueron acabados en esa fecha.
También se logró en junio pasado que se entregara, 19 años después, el Parque de las Aguas en Yopal, para beneficiar a unas 344.040 personas, o la entrega de 20 pozos profundos para 1.263 familias Wayuú de La Guajira.
Sin embargo, los 1.300 elefantes hasta ahora identificados, a los que esta semana el contralor general Carlos Felipe Córdoba calificó como “verdaderos mamuts”, muestran que el reto no es sencillo y que es mucho lo que queda por hacer para que el dinero público no termine únicamente engordando algunos bolsillos privados o despilfarrado en estructuras de concreto que nadie usa.
Por: MILENA SARRALDE DUQUE
Subeditora de Justicia El Tiempo.
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