El departamento de Casanare, sigue encabezando el listado de violencia contra las mujeres, el más reciente caso dado a conocer por suversion.com.co, el pasado fin de semana, del cual fue víctima Lina Fernanda Ramírez, quién fue brutalmente golpeada, ha generado todo tipo de rechazo por parte de la comunidad del departamento. Así mismo durante el fin de semana una estilista fue atacada por su ex pareja con arma blanca y otra joven fue golpeada por su ex novio.
Según medicina legal, a corte de julio del presente año se han registrado 487 casos de violencia intrafamiliar contra la mujer, 286 casos de violencia por agente externo contra las mujeres y 260 casos de presunto delito sexual contra las mujeres.
Ante este desolador panorama, se siente la impotencia por parte del Estado, en este caso la gobernación de Casanare, para garantizar los derechos de las mujeres, a pesar, de tener la tan cacareada política pública de la mujer recientemente aprobada por la asamblea departamental, pero que al parecer, se ha convertido en un simple documento decorativo de los anaqueles de la Asamblea y la misma Gobernación.
En este departamento prima más el gasto que la inversión en temas sociales, prueba de ello, son los millonarios recursos gastados por la administración departamental en capacitaciones inocuas para las mujeres, talleres de todos los oficios sin seguimiento, en donde prima la foto y la firma de la planilla para que el contratista pueda cobrar los onerosos recursos por su trabajo.
Ante la falta de visión de los mandatarios regionales para procurar contrarrestar el aumento de los índices de violencia contra la mujer, nos preguntamos ¿quién va a proteger a las mujeres casanareñas?, ¿la política pública departamental de la mujer fue solo para pagar un favor político?; ¿servirá de algo la política pública de la mujer en Casanare?, ¿hasta cuándo seguiremos ocupando los primeros puestos de violencia contra la mujer en Colombia?, ¿ya se pronunció el consejo consultivo de las mujeres frente al caso de Lina? Mientras estos interrogantes se resuelven, las mujeres seguirán expuestas, y tanto la Gobernación como las alcaldías seguirán gastando el presupuesto en capacitaciones inocuas.
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