Desde el pasado mes de septiembre de 2020, el Instituto Financiero de Casanare, (IFC) nombró como subgerente administrativo a Diego Fernando Montañez, en reemplazo de Sandra Patricia Rincón Serrano, a la cual la habían declarado insubsistente debido a que llevaba varios meses sin presentarse a trabajar, ni siquiera de manera virtual.
Ante la declaratoria de insubsistente en el cargo, la señora Rincón decidió interponer una acción de tutela que perdió en primera instancia, en busca de que fuera reintegrada en el cargo, porque según ella era madre cabeza de hogar, y no tenía como garantizar el mínimo vital para su subsistencia y la de sus hijos, situaciones que fueron desmentidas por la defensa del IFC, ya que demostraron que la señora no era madre cabeza de hogar, es decir, era casada, y de otra parte tenía propiedades superiores a los 400 millones de pesos e ingresos del último año cercanos a los 150 millones de pesos, sumados a liquidación de prestaciones sociales del año 2020, que fueron de 28 millones de pesos, por lo que no es cierto que la señora declarada insubsistente se le hayan vulnerado sus derechos o que esté en situación de indefensión.
Finalmente, el pasado 27 de enero del año en curso, el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Yopal, confirmó el falló de primera instancia, es decir, la insubsistente exgerente fue sacada del cargo sin vulnerar sus derechos, ya que se desempeñaba bajo la modalidad de “libre nombramiento y remoción”, y ella al posesionarse en ese cargo conocía que su relación laboral podría terminar en cualquier instante y sin fundamento objetivo alguno, más que la norma, y su salida del cargo por lógicas razones modificaría su forma de acceder a los servicios del sistema de seguridad social, afectaría también sus ingresos y tal vez su forma de vida, sin que ello sea argumento para amparar las garantías constitucionales alegadas a través de la tutela.
