El 29 de mayo de 2011, por cuenta de un aguacero histórico que generó un derrumbe y causó la destrucción de la planta principal de potabilización del acueducto en Yopal, la capital de Casanare comenzó un viacrucis que aún no termina.
Al descuajarse parte de su falda, el cerro Buenavista inutilizó la planta que surtía de agua a los 180 mil yopaleños y destruyó un tramo de la vía Marginal del Llano.
El colapso de la infraestructura obligó a la ciudad a adoptar un plan de contingencia que consistió en la contratación de una flotilla de carrotanques para suministrar agua a la ciudad y la perforación de una red de pozos profundos para habilitar puntos de conexión y distribución a las comunidades en los barrios de la ciudad.
En los primeros años de la emergencia, se volvió habitual ver una procesión de ciudadanos con recipientes de todo tipo, hacer filas ansiosas esperando agua en las esquinas de sus barrios o en sitios de aprovisionamiento como el Cuerpo de Bomberos o la Cruz Roja, además de los puntos ubicados en los pozos. La cifra invertida en el “plan de contingencia” ha resultado difícil de cuantificar pero solo en la perforación de cuatro pozos, la Gobernación de Casanare invirtió 22.752 millones de pesos.
Para algunos, el cálculo del costo total de la atención de la emergencia desde 2011 hasta la actualidad (sin agregar el valor de la construcción del acueducto definitivo y sin cuantificar el impacto económico que la crisis ha significado para la economía local), supera con creces los 250 mil millones de pesos. Aún todavía, siete años después, hay comunidades que sufren por una mejor continuidad y calidad en el servicio, persiste la operación de los pozos profundos como alternativa de suministro de agua y una mínima flota de carrotanques recorre las calles de Yopal ofreciendo agua a sus habitantes.
Soluciones… ¡en veremos!
Al chaparrón de contratos y problemas que significó la atención “de contingencia”, se sumó el chorro de malos manejos que se desató alrededor de la “solución definitiva” al problema: reconstruir la planta de tratamiento de agua potable.
Mientras comenzaba la ubicación de un sitio definitivo para la nueva infraestructura (cuyos estudios contratados por el Fondo de Adaptación del Ministerio de Vivienda apenas estuvieron listos dos años después de la emergencia, en junio de 2011, y
fijaron el valor de la obra en $53 mil millones) una de las primeras respuestas fue la construcción de una planta modular.
Los estudios para construir la planta definitiva fueron financiados por la Gobernación y se contrataron hasta marzo de 2013, al amparo de un convenio que fue suscrito en 2012 por el ente departamental con la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal (EAAAY).
Casi en forma simultánea (abril de 2013) la Alcaldía contrató la construcción de una “planta modular” con diseños novedosos (supuestamente ya probados) y en la cual se invirtieron 10.500 millones de pesos.
La ciudad, desesperada, ya había enfrentado una epidemia de enfermedad diarréica que afectó mayormente a la población infantil y acudió al extremo de paros cívicos que terminaron en bloqueos y pedreas. Corría el cuarto año de la emergencia.
En mayo de ese año, ante la inexistencia de respuestas concretas a la solución definitiva de la crisis, la Superintendencia de Servicios Públicos tomó el control de la EAAAY y destituyó al gerente que había estado a cargo del manejo del problema. La intervención se mantiene hasta hoy; por el cargo han pasado cuatro agentes interventores. El problema, persiste.
Entre tanto, el primero de los pozos profundos comenzaba a surtir de agua a un sector de la ciudad y en medio de críticas y cuestionamientos, concluía la construcción de la polémica “planta modular” que 48 horas antes de entrar en servicio, colapsó y quedó inservible al estallarse uno de sus tanques que en la prueba hidrostática definitiva cedió ante la presión del agua. La obra quedó inutilizada.
El quinto año de la crisis (2014) trajo más protestas; además, debido a su actuación negligente frente a la gestión del problema, la Procuraduría ordenó la destitución del alcalde Wilman Celemín quien, además de su responsabilidad disciplinaria, enfrenta un proceso penal por sus decisiones contractuales a propósito de la planta que colapsó.
El proceso, aún en curso, involucra a los contratistas, varios exfuncionarios más y al interventor de la obra.
Planta… ¿definitiva?
En septiembre de 2014, casi año y medio después de la contratación de los diseños de la obra definitiva, a cargo de Jaime Logreira Arrázola (de la firma CHS SA), el contratista entregó la propuesta que de inmediato generó polémica por la ubicación tan próxima al lecho del río Cravo Sur y por no contar con obras de protección adecuadas para evitar riesgos motivados por el río.
Aunque Logreira insistió en que los diseños eran correctos el tiempo les dio la razón a los críticos.
Sin embargo, pese a las dudas, con recursos aportados por la Gobernación de Casanare y el Ministerio de Vivienda, la construcción de la obra fue adjudicada a un consorcio encabezado por la firma española Abengoa, que por 56.147 millones de
pesos se comprometió a construir la planta en 18 meses. El contrato se firmó en abril de 2015, a un mes del sexto aniversario del derrumbe de la planta.
Sin embargo, en septiembre la falta de permisos ambientales motivó la primera suspensión del proyecto.
Y en septiembre de ese año, en otro hecho fatal, una enorme tubería que constituye un paso elevado para traer agua hacia el centro de la ciudad, cedió a su peso y cayó al lecho del río debido al robo continuado de cables de soporte de la estructura. Reconstruir esa tubería, costará $1.900 millones más. Pero la cadena de mala suerte para Yopal, continuaba: en noviembre, una crisis económica precipitó la quiebra de la matriz española de Abengoa lo que llevó a que la firma negociara la cesión del contrato de la planta de Yopal, lo que apenas se pudo legalizar en febrero de 2016.
El proyecto pasó entonces a manos de un consorcio que un mes después dio inicio al movimiento de tierras en el sitio escogido para la construcción.
En mayo se confirmaron las sospechas de la falta de obras de protección para componentes del proyecto tan sensibles como la bocatoma de la planta (en el lecho del río Cravo Sur) y la línea de aducción para llevar el líquido al sistema de tratamiento. Sin embargo, por encima de todas las objeciones, el gobierno nacional impuso su decisión de continuar el proyecto en el sitio definido.
¿Soluciones o problemas…?
Entre tanto, mientras el forcejeo jurídico por la reconstrucción de la planta modular que colapsó se mantenía y se trataban de enderezar las obras de la obra definitiva, la EAAAY y el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios (en una decisión que en su momento causó polémica por los alcances financieros del proyecto) ponían al servicio un sistema alterno de potabilización de agua que alivió en 150 litros por segundo de agua, la sed de los yopaleños.
De la planta definitiva no se habían vuelto a tener noticias hasta julio de 2016 cuando el gerente de Findeter anunció las “correcciones” a los diseños; pero solo hasta noviembre se reactivó la construcción sin que se supiera con claridad hasta donde alcanzarían los 56 mil millones de pesos que se destinaron inicialmente para la obra pero que nunca incluyeron el costo adicional de las obras de protección y los ajustes a los diseños de Logreira.
Ya en julio de 2017, durante una visita al sitio de las obras, el Procurador Fernando Carrillo calificó el proyecto como un “monumento a la negligencia”; días después, el Tribunal Administrativo de Casanare avaló un acuerdo entre los contratistas de la fallida planta modular y la EAAAY, para levantar sobre sus ruinas otra planta, nueva y construida bajo un diseño más seguro y que, actualmente, está en ejecución.
Sin embargo, el fin de año trajo otra mala noticia, esta vez en torno a la planta definitiva: el contratista solicitó una suspensión de las obras y el proyecto se paralizó definitivamente en noviembre, sin que a la fecha se haya reactivado.
De eso han transcurrido siete meses.
Apenas en marzo pasado las autoridades aceptaron que el desfase en los diseños implica un sobrecosto no previsto de $30 mil millones de pesos que serán aportados por el gobierno nacional, la Gobernación y la Alcaldía.
Las obras siguen paralizadas. Además, hacen falta dos proyectos clave: la contratación para construir un sistema de “infiltración ribereña” que complementará el caudal de agua que obtendrá la planta mediante la bocatoma en el río y el tendido de más de 1.700 metros de la tubería de conexión de la estructura que lleve el agua potable al sistema de distribución del casco urbano de Yopal.
Por insólito que parezca, esa obra no se contempló en los diseños iniciales y ahora hay que destruir un tramo de la vía que comunica a Yopal con el corregimiento El Morro, para instalar los tubos, cosa que a la comunidad no le ha caído nada en gracia.
Así las cosas, la obra que inicialmente se presupuestó en $56 mil millones, ya bordea los $90 mil y con los “detalles” que le faltan podría llegar a los 110 mil millones de pesos. Todavía no es claro quién podría aportar los recursos suficientes para terminar el proyecto al 100%.
Actualmente, aunque la ciudad se surte relativamente bien de agua gracias a los pozos profundos, los pocos carrotanques y el aporte de la planta modular, quedan muchos problemas por resolver.
Lo que ahora se llama planta “conciliada” sufre parálisis por problemas laborales, la planta definitiva está en veremos, y hay que convencer a la comunidad sobre lo necesario que resulta “romper” un tramo de la vía para instalar la tubería entre la planta y el municipio.
Además, falta levantar la tubería que se cayó (clave para asegurar el suministro del agua a la zona céntrica de la ciudad) y cuyas obras de reparación aún no comienzan.
Siete años después, la crisis del acueducto de Yopal no se resuelve en forma definitiva y el manejo del problema parece el manual perfecto de una obra imposible de ejecutar.
