Van siete meses de las nuevas administraciones, las cuales en su mayoría ya tiene plan de desarrollo aprobado y armonizado, y por ende se supone que ya deberían estar trabajando presentando proyectos que vayan en beneficio de sus gobernados. Pero infortunadamente, en el caso de la gobernación de Casanare, por lo que más han sobresalido, ha sido por escándalos relacionados con la posesión de funcionarios con documentos presuntamente falsificados.
Todo empezó con el jefe de prensa Jhon Jairo Gutiérrez, quien tuvo que dejar el cargo porque presuntamente se posesionó con documentos falsos, ello se evidenció debido a una serie de derechos de petición impetrados por un ciudadano acucioso, ante la oficina de talento humano de la gobernación.
Luego se supo de la presunta posesión con documentos espurios, del jefe del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo Leonardo Barón Pulido, quien presuntamente aportó certificaciones adulteradas para poder demostrar que tenía experiencia para el cargo al que lo iban a nombrar; la investigación está en control interno disciplinario de la gobernación, procuraduría regional y en la fiscalía.
Concatenado con lo anterior, la administración departamental viene mostrando debilidad en todas las secretarías, eso se desprende de las pocas gestiones que se pueden presentar, como es el caso de agricultura, dependencia de la cual los ganaderos están bastante molestos ´por las respuestas dadas por el secretario al apoyo solicitado para realizar las ferias ganaderas. En el IFC, del cual hace parte de su junta directiva el secretario de agricultura, se viene presentando problemas de cartera, la cual en 7 meses pasó del 31% al 41% , de un superávit de más de mil millones, a un déficit de cercad e tres mil millones en 7 meses.
Finalmente, en el caso de la secretaría de educación, dependencia en la cual se dice que el gobernador Alirio Barrera se equivocó al nombrar a la licenciada Neira Inés Rodríguez, prueba de ello es que de todas las renuncias protocolarias pedidas por el gobernador hace un mes, ha sido la única que se ha aceptado por parte del despacho, pero no se ha nombrado secretaria en propiedad y se encuentra en encargo; pero la última semana se filtró que la persona que estaba sonando para ese cargo es la ex rectora de Unitrópico Sandra Patricia Rincón, a la cual no se le ha podido nombrar ya que presuntamente no tiene todos los documentos en regla, pero a la que se le hace en una serie de señalamientos, que van desde que no puede ser secretaria porque tiene demandado al departamento por un presunto caso de acoso laboral, y por qué mientras fue rectora de Unitrópico está promoviendo la salida de la gobernación como socia de la universidad, por presuntamente no haber pagado los aportes a que estaba obligada; de igual manera se le cuestiona los hallazgos fiscales por cerca de dos mil millones de pesos que encontró la Contraloría de Casanare, en una auditoría realizada al periodo que ella fue rectora.
Ante todos estos sucesos, ya se empiezan a escuchar voces de malestar ante el gobierno de la seguridad democrática en Casanare, la cual aún no convence a sus gobernados sobre lo que prometió en campaña y lo que está sucediendo en la actualidad. Se espera que en el transcurso de esta semana se defina si se hacen cambios en el gabinete para de esa manera, intentar mejorar su gestión.
