La administración municipal de Yopal había adoptado el año inmediatamente anterior la nueva estratificación socioeconómica de la ciudad, con ello se busca por un lado que las empresas de servicios públicos actualicen las tarifas que van a ser cobradas a los usuarios; según el Dane, la estratificación socioeconómica es una clasificación en estratos de los inmuebles residenciales que deben recibir servicios públicos. Se realiza principalmente para cobrar de manera diferencial por estratos los servicios públicos domiciliarios permitiendo asignar subsidios y cobrar contribuciones en esta área. De esta manera, quienes tienen más capacidad económica pagan más por los servicios públicos y contribuyen para que los estratos bajos puedan pagar sus facturas.
Para el caso de la estratificación socioeconómica de Yopal, la administración municipal realizó el proceso técnico correspondiente, en el cual, se actualizaron todos los predios de la ciudad, los cuales han sufrido cambios debido a las inversiones en infraestructura que se ha realizado en la capital, y que por ende, mejora la calidad de vida de sus habitantes.
Pero ante esta nueva estratificación de Yopal, la personaría municipal encontró una falla en el procedimiento para su implementación ya que fue dada a la luz jurídica por una Resolución emitida por la oficina asesora de planeación sin tener la facultad para ello, ya que según la Ley, la estratificación debe ser adoptada en un municipio por Decreto emitido por el alcalde, por ende, el personero interpuso una demanda de nulidad simple del acto administrativo emitido por la oficina de planeación y solicitó en la misma demanda como medida cautelar suspender la aplicabilidad de la nueva estratificación, demanda que en primer y segunda instancia le fue concedida por el Juzgado Primero Administrativo y el Tribunal Administrativo de Casanare.
