Desde hace varios años en el país se ha venido dando el debate sobre la propuesta de acabar con las contralorías departamentales, por su alto grado de ineficiencia, burocracia, onerosos gastos de sostenimiento y muy pocos resultados operacionales de su competencia, a cual es vigilar y sancionar los daños patrimoniales (según el artículo 6º de la Ley 610 del 2000, el daño patrimonial al Estado, representado en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producido por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna).
Con los exiguos resultados que la Contraloría de Casanare que ha dado durante el actual periodo, ratifica la necesidad de que estos entes de control desaparezcan del ordenamiento institucional del país, los resultados de las investigaciones fiscales con los correspondientes fallos han sido muy bajos con relación a la gran cantidad de procesos que allí se adelantan, hay casos en los cuales las investigaciones duran 4 años para “condenar” a un exfuncionario con una sanción de $268.000, este caso corresponde a una investigación iniciada en el año 2014 contra el entonces agente interventor de la empresa de acueducto de Yopal, Constantino Tamí.
Ahora bien, de acuerdo a un derecho de petición que le elevamos al contralor departamental, el cual duraron cerca de 2 meses para contestarlo, nos dicen que a corte del 31 de diciembre del 2015 recibieron 717 procesos de responsabilidad fiscal, y para el 31 de diciembre del 2018 tenían 459 procesos, es decir, en 3 años fallaron 258 procesos (86 por año), en donde la cuantía más alta que han sancionado en segunda instancia es de $88.132.813, cuyos responsables fiscales fueron Raúl Flórez, Julio Flórez, Policarpa Olaya, y la corporación amigos de la cultura.
Concatenado con los exiguos resultados que arroja la Contraloría Departamental de Casanare, se le suma que este ente de control no cumple con la Ley de transparencia y acceso a la información pública, ya que su portal web no cuenta con un hosting propio, lo que le dificulta subir toda la información para el análisis de la comunidad, lo que resulta paradójico, ya que estas instituciones vigilan que las demás entidades públicas cumplan con esa Ley de transparencia (en casa de herrero, azadón de palo), esta afirmación la da la misma Contraloría en la respuesta al derecho de petición.
Con estos sencillos ejemplos se demuestra la inoperancia de estos entes de control en el país, especialmente en Casanare, en donde en contralor se dedica a estar más pendiente de otros “asuntos” como por ejemplo denunciar penalmente a periodistas por presuntamente incurrir en injuria y calumnia contra él, que en preocuparse por desempolvar y fallar procesos que llevan varios años dormidos en
los archivos de la entidad, o en cumplir la Ley de transparencia y acceso a la información pública. Por todos estos argumentos y otros que por tiempo y espacio no abordamos, es que estamos de acuerdo que se acaben estos entes de control.
