En un proceso de auditoria realizadó a la contratación de la vigencia 2016, del hospital Regional de la Orinoquia, se evidenció un presunto hallazgo fiscal, disciplinario y posiblemente penal, derivado de la adjudicación del contrato 047 del 2016, por valor de $449.147.802, del cual, no se pagaron las estampillas procultura y pro adulto mayor, es decir, pasaron por alto las leyes y Ordenanzas, que obligan a las entidades descentralizadas a cobrar dichos tributos.
El posible detrimento derivado de dicha omisión fue de $15.487.455, los cuales de dejaron de cobrar, y ante lo cual, la Contraloría departamental tipificó como una falta “gravemente culposa” y ordenó el rastreo de los bienes de propiedad del actual gerente del hospital, Ronal Paul Roa, la exgerente encargada Temilda Carrillo, y la ex subdirectora administrativa y supervisora del contrato para la época de los hechos y actual gerente de Capresoca Nuria Bohórquez, y Piedad Angélica García, beneficiaría del contrato cuestionado.
En un hecho atípico, la Contraloría también ordenó la vinculación al proceso de los profesionales del derecho Miguel Ángel Castiblanco, asesor en contratación del hospital, y a Yeymmy Dayana Marín, asesora jurídica del hospital, para la época de la firma del contrato.
El proceso de responsabilidad fiscal aperturado contra los funcionarios anteriormente mencionados, se realiza como procedimiento verbal de única instancia, ello debido al monto del contrato.
