El Tribunal Administrativo de Casanare se cansó de la desidia y falta de interés de las autoridades en administrativas de Yopal y la gobernación de Casanare, en relación con el cumplimiento de las medidas cautelares decretadas al amparo de la acción popular 033 del 2011, más conocida como la acción popular del río Cravo Sur. La gota que reboso el vaso, tiene que ver con no acatar los compromisos ordenados mediante auto del 01 de junio del año en curso, del cual, la mayoría de actividades estaban en cabeza de la alcaldía de Yopal.
Es por ende, que en auto del 04 de agosto de 2017, el Tribunal ordenó compulsar copias del expediente a la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General, para de acuerdo a sus competencias investiguen los presuntos hechos penales y disciplinarios en relación a prevaricatos, fraude a resolución judicial, entre otros, de quienes han hecho u omitido deberes funcionales acerca de la contención de la expansión urbanística (parcelaciones, construcciones, etc), en al amenazada ribera derecha del río Cravo sur; de igual manera, para que se examine las actuaciones de quienes han oficiado como alcaldes de Yopal, jefes de oficina asesora de planeación y demás dependencias concernidas en este proceso, durante los últimos cuatro años, en que las medidas cautelares han estado vigentes.
De igual manera el Tribunal citó para el 19 de septiembre a audiencia especial de verificación de las medidas cautelares, para dicha fecha deberán concurrir el gobernador de Casanare, alcalde de Yopal, directora de Corporinoquia, directores de gestión del riesgo tanto departamental como municipal, y no se aceptaran excusas, y se espera que en la audiencia se lleguen con propuestas en ejecución, o al menos con expediciones de CDP, no se aceptaran intervenciones sobre supuestos. Finalmente se le ordena a los procuradores delegados ante el Tribunal y a la Personería a presentar informe de verificación del estado en que se encuentran cumuladas las medidas cautelares decretadas.
