Un preocupante informe de auditoría sobre la Secretaría de Educación de Casanare dio a conocer la Contraloría General de la República, el pasado mes de junio, en relación con los manejos de los recursos del Sistema General de Participaciones, y entre ellos los componentes del Programa de Alimentación escolar PAE, liquidación y pago de nómina, entre otros.
Entre los hallazgos más importantes, tienen que ver con la liquidación y pago del retroactivo del 2015 de la nómina docente, cancelada en el 2016, la cual, según la Contraloría, el departamento de Casanare reconoció, comprometió y pagó retroactivos sin la autorización del Ministerio de Educación Nacional, poniendo en peligro los recursos públicos, evidenciando falta de seguimiento y control por parte de la Secretaría de Educación. De igual manera, la Gobernación de Casanare tenía a corte del 31 de diciembre del 2016 una deuda con la nómina docente por valor de $1.366.786.672, la cual fue autorizada por el ministerio para su cancelación desde el tres de octubre del 2016, pero la Secretaría no cumplió con la instrucción del Ministerio, a lo cual, la Contraloría aduce que por falta de control y seguimiento por parte de la Secretaría para la liquidación, reconocimiento y pago oportuno de la diferencia salarial y prestacional generada, teniendo los recursos disponibles, conlleva a una gestión ineficiente que pone en riesgo los recursos del estado.
Otro hallazgo delicado tiene que ver, con que no se incorporaban al presupuesto los rendimientos financieros por valor de $470.361.853, de la vigencia 2015, que debían incorporarse en el 2016, poniendo en riesgo los dineros del Estado.
En relación con la alimentación escolar, la Contraloría encontró deficiencias en la planeación, ejecución, seguimiento y control de los contratos celebrados para este fin, se hallaron deficiencias en la elaboración de los menús, prestación del servicio en condiciones de insalubridad, antihigiénicas, falta de instalaciones adecuadas, el contratista presentó una tabla de pagos de personal manipulador, el cual no pagaba completo, tal es el caso del subsidio de transporte, que a pesar de estar estipulado el valor en el contrato, el contratista no se lo cancelaba a los empleados, la suma por este concepto asciende a $73.323.880, de igual manera se evidenciaron atrasos en los pagos de seguridad social; de igual manera se evidenciaron deudas con los proveedores, las raciones cobradas no coinciden con los estudiantes reportados al ministerio.
El servicio de administrativos también presentó falencias, según el contrato 0619 de mayo del 2016, cuyo contratista es el “Grupo empresarial de turismo, logística, construcciones y servicios SAS”, de Cartagena, por valor de $2.583.566.102, no garantizó la seguridad social de los empleados, ya que todos los pagos se realizaron en forma extemporánea y el no cumplimiento con los pagos de salarios en forma oportuna, presentándose mora mayor a 60 días, hecho que se originó por falta de control y seguimiento oportuno en la supervisión, que originaron el incumplimiento del contratista, sin observarse la imposición de multas, hecho que generó inconformidades en el personal administrativo y de servicios generales que labora en las instituciones educativas, poniendo en riesgo la salud de los funcionarios y la prestación del servicio.
Con relación a la conexión a internet, existe el convenio especial de cooperación 0882 del nueve de junio del 2016, por valor de $807.735.002, cuyo objeto es “implementar y extender las estrategias de red educativa nacional y conexión total con plataformas educativas digitales en 11 municipios del departamento”, al contratista se le giró el 50% de anticipó a pesar de que mediaba un acta de suspensión del contrato, con el agravante de que el desembolso de los recursos no lo hicieron a la cuenta bancaria autorizada para el convenio, sino, a una cuenta personal del contratista, lo que no permitió establecer rendimientos financieros a nombre de la Gobernación, y con el perjuicio de que para la legalización del anticipo, los soportes presentados por el contratista carecen de datos como fecha de recibido, número de cheque o transferencia electrónica, y en los comprobantes de egreso y sus respectivas facturas equivalentes se evidencian inconsistencias en las firmas que ponen en duda la veracidad de dichos documentos; por lo que se consideran unos presuntos hallazgos disciplinarios y penales.
Finalmente, la Secretaría de Educación no cumplió a cabalidad el plan de mejoramiento impartido por la Contraloría, en relación a hallazgos de vigencias anteriores, en especial las vigencias 2008 (homologación de la planta sin autorización), 2015 (aumento de personal en planta sin autorización y no planear y presupuestar las obras inconclusas), por lo que la Contraloría finaliza su informe recalcando la falta de planeación, deficiente control y seguimiento, incumplimientos legales, fallas en el servicio, deficiente supervisión por parte de la secretaría de educación departamental, lo que conllevo a que la Contraloría no feneciera la cuenta.
