Un nuevo proyecto productivo tiene en problemas a la secretaría de agricultura de Casanare, se trata de uno de piscicultura el cual no ha podido cumplir con las actividades pactadas, y a pesar que ya le desembolsaron el 33.33% del valor del contrato como anticipo, los beneficiarios aún no ven resultados y a los trabajadores contratados por el dueño del contrato no se les han pagado sus honorarios. La firma contratista es la unión temporal “piscícola Casanare”, cuyos integrantes son e Ingeniería E&V SAS, con un 25% de participación (la empresa es de Casanare), y la Fundación Progresar del Oriente, con el 75% de participación (esta fundación es de Bucaramanga), el representante legal de esta unión temporal es Jairo Vargas.
El contrato cuestionado es el 2389, el cual fue firmado el 27 de diciembre del 2018, pero el acta de inicio se suscribió el 10 de febrero de 2019 (47 días después), y debe terminar el 31 de octubre del presente año, este contrato tiene un valor de $898.444-403. La mayoría de actividades de este contrato tiene que ver con la realización de talleres para los 80 beneficiarios, en temas como convivencia ciudadana, manejo de aguas, construcción de estanques, entre otros, para lo cual se necesita contratar varios profesionales durante 5 meses, equipados con cartillas didácticas, fotocopias, tablas planilleras, marcadores, entre otros. Pero infortunadamente los potenciales beneficiarios llevan meses esperando el apoyo técnico mencionado en las actividades del contrato, sin que hasta la fecha se les haya brindado.
Otro de los inconvenientes de este contrato tiene que ver con el no pago de los honorarios a siete profesionales contratados por la empresa responsable del proyecto, les deben cerca de 4 meses a cada uno, según documento enviado por ellos al secretario de agricultura del departamento, de igual manera dichos profesionales manifiestan en el documento que no han podido recolectar la información necesaria para tramitar ante Corporinoquia los permisos necesarios para que los piscicultores realicen su trabajo.
Con base en estos problemas, tanto los trabajadores contratados como los beneficiarios han intentado hablar con el representante legal de la unión temporal pero no lo han logrado, a pesar de que han ido hasta la sede de la empresa, y le han dejado mensajes en su celular, de igual manera, no han recibido respuesta clara del secretario de agricultura que tan sólo se limita a escucharlos y programar una nueva reunión pero sin soluciones; mientras todo esto sucede varios de los beneficiarios están preocupados por los cerca de $300.000.000 que les dieron de anticipo a los contratistas, y el presunto pago de una acta parcial por cerca $320.000.000, sin que se vean reflejados en las actividades del contrato.
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