Un nuevo inconveniente se le viene a la administración municipal de Yopal, está vez debido a que actual secretario de tránsito ingeniero Ramón Leonardo Pérez, estaría inhabilitado para ocupar dicho cargo, ello se desprende de los requisitos exigidos por la Ley 1310 de 2009, y el manual de funciones de la alcaldía de Yopal.
Según el artículo 8 de la Ley 1310 de 2009, los directores de los organismos de Tránsito o Secretarías de tránsito de las entidades territoriales deberán acreditar formación profesional relacionada y experiencia en el ramo de dos años, o en su defecto estudios de diplomado o posgrado en la materia. Concatenado con lo anterior, el manual de funciones de la alcaldía de Yopal, establece que para ocupar el cargo de secretario de tránsito se debe tener título en cualquier núcleo del conocimiento y título de posgrado en la modalidad de especialización en cualquier área, y como experiencia exige tres años de experiencia profesional y tres años de experiencia relacionada.
Pues bien, el actual secretario de tránsito de Yopal, según su hoja de vida, acredita título profesional como ingeniero civil desde el año 2002, pero no tiene título de posgrado, lo que automáticamente no le permite desempeñar el cargo, adicionalmente no presenta experiencia relacionada con funciones de la secretaría de tránsito, escasamente acredita que fue director del proyecto de conteos manuales de tránsito en el departamento de Casanare en diciembre del 2001 para el Invías.
Como se puede apreciar, el actual secretario no cumple los requisitos para ocupar el cargo, en el cual ya lleva cinco meses, se está a la espera de una respuesta por parte del funcionario y de la oficina de Talento Humano, quien es la garante a la hora de hacer cumplir el manual de funciones y las demás normas.
Con este funcionario ya serían dos los colaboradores cercanos del alcalde de Yopal que presentarían problemas, recordemos que el anterior asesor jurídico renunció al cargo, debido a unas denuncias formuladas por suversion.com.co, en el sentido de tener presuntamente una inhabilidad sobreviniente impuesta por la procuraduría general, la cual cambio el fallo por una multa cercana a los cuarenta millones de pesos, los cuales al momento de tomar posesión del cargo, no había pagado.
