El uso de los recursos de la industria petrolera ha sido motivo de discusión por décadas, en especial en países africanos, en razón a la corrupción rampante que ha caracterizado a más de un gobierno de esa región, poniendo incluso en tela de juicio la transparencia en el manejo de los recursos por parte de empresas del sector petrolero y minero. Se hizo necesario idearse un mecanismo creíble y confiable, que informara sobre los aportes del sector extractivo a los gobiernos, a través de los impuestos y las regalías.
Ese fue el origen de la Iniciativa de Transparencia del Sector Extractivo, conocida como EITI por sus siglas en inglés (Extractive Industry Transparency Initiative), creada en el marco de la Cumbre Mundial para el Desarrollo Sostenible realizada en Johannesburgo, Sudáfrica, en 2002.
Desde entonces, 52 países de Europa, Asia, África y de América, -de donde son y donde operan las empresas del sector extractivo- son parte de la iniciativa, que audita más de 2,5 trillones de dólares de ingresos estatales provenientes del sector.
El EITI exige la divulgación de información de las empresas que son parte de la iniciativa, desde el punto de extracción hasta los ingresos que recibe el gobierno por la actividad; cómo se adjudican y registran los contratos de exploración y producción, quiénes son los beneficiarios reales de dichas operaciones, cuáles son las normas legales y fiscales que los regulan, cuánto se produce, cuánto se paga, cómo se distribuyen esos ingresos, y cuál es la contribución a la economía, incluyendo el empleo. Toda la cadena de valor.
Quizá de lo más interesante de EITI es que se trata de una iniciativa tripartita, es decir que en esta participan los gobiernos, las empresas, y representantes de la sociedad civil organizada, y en el caso de las empresas su vinculación es voluntaria.
Se ha discutido si debería ser obligatoria, pero hasta la fecha y con razón, se ha entendido que el carácter voluntario es fundamental pues no es una iniciativa de fiscalización -que podría terminar siendo extorsiva- sino de aplicación voluntaria de los más altos estándares en la materia.
El gobierno colombiano decidió adherirse al EITI en 2007, y en 12 años de trabajo pasó de ser una política de la administración de turno, a un compromiso de Estado. Similar ha ocurrido con las compañías: 21 empresas con actividades de exploración y producción de petróleo y gas, conglomeradas en 13 grupos empresariales que representan el 92% de la producción de hidrocarburos del país (Equión, Ecopetrol, Cepsa, Masarovar, Perenco, Parex, Drummond, Oxy, Chevron, Gran Tierra Energy, Canacol, Frontera Energy, Hocol). Sumando las empresas mineras que operan en Colombia, son 34 las compañías que forman parte de esta iniciativa, que cada día crece más.
Pues bien, Colombia y las 34 empresas que son parte de la iniciativa, acaban de recibir el Premio Mundial EITI, como reconocimiento al mejoramiento en índices de gobernanza, transparencia y buen manejo de la información del sector.
Este reconocimiento se debe a que fue el primer país del continente en llegar al nivel más alto en la implementación de los estándares EITI. El premio fue otorgado en París, en la apertura de la Conferencia Global, con participación de 2.000 representantes del sector extractivo a nivel global.
Otra gran noticia es que nombraron a Colombia como nuevo representante y vocero de Latinoamérica y el Caribe ante el Consejo Internacional de la iniciativa. Los otros países de América Latina y el Caribe que hacen parte de EITI son: Argentina, Ecuador, México, Guatemala, Guyana, Honduras, República Dominicana, Surinam, Trinidad y Tobago y Perú.
En el caso de nuestro país, la iniciativa cuenta con el respaldo de una coalición de gobierno, empresas y sociedad civil, liderado desde el Ministerio de Minas y Energía. Se preguntarán algunos por qué es una noticia tan importante.
Lo es porque reafirma el compromiso de las empresas de la industria petrolera con los más altos estándares, en este caso, en materia de ingresos y aportes a los gobiernos nacional y departamental. Y es relevante porque el sector representa el 6% del PIB y solo en 2018, el petróleo aportó $20 billones al país en impuestos y regalías. Qué mejor que se trate de recursos de empresas auditados por EITI, que promueve su gestión abierta y responsable a nivel internacional.
No debe sorprender. Primero, porque las empresas que operan en Colombia, sin ser infalibles, son por lo general empresas con altos estándares operacionales, y segundo, porque la industria de hidrocarburos está fuertemente regulada y vigilada, en Colombia y el mundo.
El hecho de que exista un estándar de transparencia en materia de ingresos y aportes del sector extractivo, respaldado por las propias empresas, es una muestra de su compromiso de hacer las cosas bien, y abiertas siempre a hacerlo mejor.
Pero falta camino por recorrer. Existe el reto de hacer igual de rigurosa y transparente la información sobre el uso de los recursos que aporta el sector. Visualizar mejor su aporte al desarrollo social y económico de los colombianos.
Es decir, el otro lado de la moneda. Entre 2005 y 2015, por ejemplo, el sector petrolero aportó $200 billones en impuestos al gobierno nacional, incluyendo recursos por regalías. Este debería ser el EITI 2.0. para Colombia. Un desafío exigente y posible, con el liderazgo del gobierno y apoyo de la sociedad civil
