Desde hace varios años se viene discutiendo en el país, la funcionalidad de las contralorías territoriales, e inclusive se ha planteado la posibilidad de acabarlas y fortalecer la Contraloría General; ello debido a la paquidérmica labor de control fiscal que estos entes desarrollan en sus regiones.
Para el caso de Casanare, los resultados de dicho ente de control, le dan la razón a los partidarios de liquidarlas, ello debido a los precarios resultados que generan, los cuales no se compadecen de los abultados presupuestos que manejan, presupuestos que salen de los impuestos de los casanareños.
La Contraloría Departamental de Casanare, para el actual año tiene un presupuesto de $3.416.918.180, en el año 2017 el presupuesto fue de $2.992.063.142; la planta de personal es de 37 funcionarios.
Ahora bien, el actual contralor recibió en el año 2016, 17 indagaciones preliminares y 502 procesos de responsabilidad fiscal activos, con auto de apertura y antes de imputación; pero lo preocupante del caso, es que corridos dos años y medio de este periodo, la Contraloría ha proferidos fallos con responsabilidad fiscal por valor de $341.784.024, pero, se han invertido en este mismo tiempo cerca de $8.908.981.322. Es decir, se invierten 26 pesos para recuperar uno.
Estos resultados son preocupantes y tristes, infortunadamente la lucha contra la corrupción que se supone está enquistada en la administración pública del departamento, es muy exigua, o será que no existe tanta corrupción como se pregona en los corrillos de las cafeterías?
Pero más lamentable es la gestión del actual contralor en materia de resultados, han sido más llamativos los escándalos al interior de la entidad, como por ejemplo, los acosos laborales por parte del contralor a varios funcionarios (ya hay fallos al respecto, donde se deja en evidencia dichos actos), o los inconvenientes suscitados por la presunta injerencia indebida por parte de la señora esposa del contralor en dicha entidad.
Lo único concreto en este caso, es que con los exiguos resultados de esta Contraloría, no se justifica seguir despilfarrando tantos millones de pesos en el sostenimiento de dicho ente, esos recursos deberían ser invertidos en otras necesidades sentidas de la población casanareña, como por ejemplo, construcción de viviendas de interés social (alcanzan para 356), o inclusive, invertirlos en el agro ingreso seguro, versión casanareña (en unos días les daremos a conocer sobre este tema), pero no seguir pagando un sostenimiento de un ente que de resultados muy poco; le asiste toda la razón al excontralor general Edgardo Maya, quién en varias oportunidades planteó la liquidación de estos inoperantes entes de control territorial, con el ejemplo de Casanare, es más que suficiente para hacerlo.
Es de aclarar que la Contraloría departamental solo le hace auditoria a los recursos propios del departamento, las regalías las audita la Contraloría General.
