La Superintendencia Nacional de Salud impuso cinco sanciones pecuniarias, tres de ellas a los representantes legales de EPS y dos a secretarios de salud departamentales, entre estas a la de Casanare, por el incumplimiento de medidas cautelares, el no reporte de información y deficiencias en la operación de laboratorios de salud pública.
Las multas totalizan 1.280 millones de pesos equivalentes a 1.470 salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv) y fueron impuestas bajo las facultades de la Ley 1949 de 2019, que permite sancionar directamente a los representantes de las entidades de salud, para que respondan a título personal y con sus propios recursos.
El delegado de Procesos Administrativos de la Supersalud, Andrés Evelio Mora, resaltó que “estas decisiones se adoptan en el marco de la actual emergencia sanitaria, situación que demanda tanto de los prestadores como aseguradores un mayor compromiso en la atención integral de los usuarios”.
De esta manera, la Superintendencia pone en ejecución una de las herramientas dadas por la Ley para proteger de manera eficaz los recursos del sistema y garantizar con calidad y oportunidad la prestación de los servicios de salud.
Laboratorios de Salud Pública
Tras comprobar el incumplimiento de obligaciones relacionadas con la financiación, prestación de servicios para la toma de muestras -incluidas las de COVID-19- y el oportuno manejo de la capacidad instalada y del talento humano de los laboratorios de salud pública de Casanare y Putumayo, se sancionó a Yenny Fernanda Díaz Barinas y a Jorge Alberto Molina Giraldo, en su calidad de secretarios de Salud de dichos departamentos, respectivamente, con multas que superan los 43 millones de pesos cada una (50 smlmv).
Contra las referidas sanciones proceden los recursos de reposición y de apelación, que podrán ser interpuestos por los vigilados dentro de los 5 días hábiles siguientes a la notificación.
