En un sorpresivo y escondido fallo, la Procuraduría Regional de Casanare, suspendió por tres y cuatro meses a Pablo Inocencio Rivera y Carlos Andrés Cifuentes, gerentes del Idry y Ceiba, respectivamente, de la actual administración de Yopal, que lidera el alcalde Leonardo Puentes.
El refundido fallo se dio el pasado 27 de septiembre del presente año, y lo curioso del tema es que no está publicado en la página official del ente de control, lo que ha generado una serie de suspicacias frente al asunto, y especialmente el actuar del titular del cargo del ente de control en el departamento.
Ahora bien, la medida disciplinaria se da por que los dos funcionarios realizaron cambios de personal directivo y administrativo de ambos entes descentralizadas, en plena vigencia de la Ley de Garantías, sucesos acaecidos en el mes de febrero del presente año, lo que dio para que la Procuraduría tipificara el actuar como “falta grave a título de culpa gravísima por desantención elemental”.
El ente de control estableció que los dos funcionarios no tenían la misma competencia que el alcalde para modificar la nómina en época de Ley de Garantías, ya que ellos no habían sido elegidos por voto popular como fue el caso del alcalde en mención.
Lo extraño de este fallo radica en que no aparece como deber ser, publicado en el portal oficial de la Procuraduría, máxime si se tiene en cuenta que dicho fallo no fue impugnado por los dos funcionarios Suspendidos, y por ende, la medida disciplinaria quedó en firme desde el 27 de septiembre, es decir, a los dos sancionados les quedan dos y tres meses de suspensión, ¿por qué guardaría silencio la Porcuraduría?.
De igual manera llama la atención la celeridad de la Procuraduría en este caso, pero guarda hermético silencio frente a similares faltas cometidos por la exalcaldesa Zoila Rosa Ángulo, cuyo caso duerme el sueño de los justos.
