Un total de mil millones de pesos destinó el gobernador Marco Tulio Ruíz, para la compra de predios que serán entregados a las víctimas del conflicto armado para adelantar proyectos productivos dirigidos por la secretaría de Agricultura Ganadería y Medio Ambiente.
El proyecto que por primera vez se hace en Casanare, se implementará en 5 municipios que han suscrito un convenio con la gobernación, a fin de desarrollar un programa integral que permita asegurar un halagüeño futuro a las decenas de personas que como producto del demencial enfrentamiento armado que padeció la región, perdieron sus bienes.
La intención es establecer todo un programa productivo del orden rural, donde los beneficiarios, además de contar con la tierra, logren aprovechar la dirección técnica y científica en sus cultivos y el acceso al capital de trabajo y a los mercados de consumo.
De acuerdo a lo señalado por el jefe de la cartera agropecuaria y medio ambiental, Alexi Yesid Duarte Torres, el proyecto ya es un hecho, solo falta que los municipios priorizados logren, a través de los consejos municipales de Justicia Transicional, entregar una información veraz, confiable, que permita identificar a las personas o asociaciones de víctimas que serán beneficiarias de la entrega de tierras y asistencia técnica por parte de los organismos que tiene el Estado para el acompañamiento, bajo la coordinación de la secretaría de agricultura, ganadería y medio ambiente.
Los municipios beneficiados en este primer proyecto son Orocué, Monterrey, Tauramena, Aguazul y Yopal, que resultaron beneficiados por el Consejo Departamental de Justicia Transicional.
Agregó el funcionario que tanto la compra de tierras como la ejecución de los proyectos productivos se hará en consenso con las víctimas, esto a fin de lograr identificar la vocación de los beneficiarios y de esta manera asegurar el rápido avance de los procesos de vinculación a estos grupos humanos a los mercados y a la economía regional.
Alexi Yesid Duarte, llamó la atención de los alcaldes que puedan aportar recursos económicos y técnicos, para que la compra de predios no se quede en eso. La intención, si las administraciones se vinculan, es asegurar unidades productivas en el menor tiempo posible.
