Tras una serie de polémicas, acusaciones de falsedad en documentos y favorecimiento a uno de los oferentes, y en un segundo intento, la Gobernación de Casanare adjudicó el pasado siete de julio el contrato de transporte escolar para los estudiantes del departamento para el segundo semestre. El contrato es por valor de $16.493.630.400.
Este proceso contractual pasó por varios inconvenientes, el primero de ello es que la primera licitación pública para otorgar este contrato se declaró desierta el 31 de mayo del 2017, con base en ello, la norma permite que la entidad contratante acuda a la modalidad de selección abreviada de menor cuantía para realizar un nuevo proceso contractual, modalidad que fue utilizada por la gobernación de Casanare. El segundo inconveniente tiene que ver con una serie de denuncias de favorecimiento por parte de la gobernación hacia uno de los oferentes, más concretamente para la unión temporal “transporte seguro”. Quién al final fue el ganador de la licitación.
Las denuncias presentadas por una de los oferentes, hacían relación a la presunta adulteración de documentos como el registro expedido por la Cámara de Comercio de Casanare, denuncia que le fue formulada a la Cámara sin que hasta la fecha se conozca respuesta a la misma, otra de las denuncias presentadas tiene que ver con que la firma ganadora del contrato, carecía de la experiencia, carecía de habilitaciones por parte del ministerio del transporte para varios vehículos aportados por empresas asociadas a la unión temporal.
La unión temporal “transporte seguro” está integrada por Coopservices, con el 20%, Coomullanos, con el 20%, Cootrallanero, con el 50% y Coromoto SAS, con el 10%. La representante legal es Gina Marcela Casas Morales.
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