Dentro del plan Bolsillos de Cristal la Fiscalía General de la Nación ha priorizado las investigaciones en contra de funcionarios de la Rama Judicial.
Las investigaciones promovidas por el ente investigador tienen por propósito asegurar que los comportamientos abusivos e indecorosos que han venido ocurriendo al interior de la Rama por parte de unos pocos, queden para siempre proscritos.
Entre las conductas detectadas en esta oportunidad hay supuestas actuaciones irregulares para favorecer procesados a cambio de altas sumas de dinero, como también hechos de corrupción que involucran a funcionarios de la Fiscalía. Estos son los casos:
- Red judicial en Meta
En una segunda fase de una línea investigativa priorizada por el plan Bolsillos de Cristal, fueron capturados funcionarios, exfuncionarios y particulares que habrían establecido una alianza criminal en Meta para tramitar y otorgar libertades y otras concesiones judiciales a señalados delincuentes, que no cumplían con los requisitos de ley.
El material probatorio recopilado por la Fiscalía permitió documentar seis hechos ocurridos entre septiembre y noviembre de 2016, en los que estarían involucradas siete personas, quienes pusieron en marcha el esquema de corrupción que benefició a varios señalados delincuentes, a cambio de coimas.
Con las actuaciones irregulares cuatro reincidentes capturados por hurto fueron favorecidos con libertad, y en otras dos obtuvieron detención domiciliaria para supuestos delincuentes.
Capturas
Ante un juez de control de garantías, la Fiscalía General de la Nación logró cinco órdenes de captura, las cuales hicieron efectivas investigadores del CTI y afectan a:
- Un abogado y señalado cabecilla del esquema judicial de corrupción.
- Un exfiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) en Villavicencio (Meta).
- La compañera sentimental del exfiscal y presunta intermediaria de red.
- La compañera sentimental del abogado.
- Una mujer que habría pagado dinero para que un procesado por homicidio fuera enviado a la casa.
Una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción presentará a los detenidos ante un juez de control de garantías y les imputará los delitos de:
- Concierto para delinquir.
- Cohecho propio.
- Cohecho impropio.
- Cohecho por dar u ofrecer.
- Prevaricato por acción.
- Asesoramiento ilegal.
En esta investigación ya se adelantó una audiencia de imputación de cargos contra la exjuez Margarita Díaz Martínez, quien es prófuga de la justicia. Asimismo, está vinculado José Luis Rangel, jurídico de la cárcel de Villavicencio, quien tiene medida de aseguramiento.
En la primera fase de esta investigación fueron vinculados treinta personas (30) entre ellos: los magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Meta, Fausto Rubén Díaz Rodríguez, Alcibíades Vargas Bautista y Joel Darío Trejos Londoño.
El Juez de Guamal (Meta), Luis Ever Salazar Sarria; Carlos Hernán Garzón, Claudia Silgado, Carlos Arturo Rodríguez Acosta, Carlos Galarza, Carlos Hugo Alfonso y Aída Salgado León.
Al igual que Néstor Gordillo, investigador del CTI; Germán Ruiz Beltrán, funcionario del Instituto Colombiano de Medicina Legal, y Javier Eduardo Aldana, fiscal de Villavicencio (Meta).
