Una serie de empresarios urbanísticos de Yopal, deberán disponer de una valla en sus respectivos proyectos de vivienda en la cual se especifique que dichas construcciones son “ilegales”, la transcendental decisión fue tomada por el Consejo de Estado, al revisar una acción popular fallada por el Tribunal Administrativo de Casanare, que busca que 7 empresarios de viviendas respondan por vender los proyectos en sitios ubicados por fuera del plan de ordenamiento de la ciudad de Yopal.
Por otra parte, el Consejo de Estado, le ordenó a la alcaldía de Yopal cesar de manera inmediata toda construcción, y si es el caso utilizar la fuerza pública para lograr la suspensión de nuevas obras y si es el caso proceder a la demolición de las actuales construcciones en el sector de la Pedrera, vereda Picón Arenal.
De igual manera, s ele ordenó a la alcaldía definir si legaliza esos predios vía modificación del plan de ordenamiento, o implementa un plan parcial o reubica a las familias que se encuentran viviendo en ese lugar. Para ello tiene un plazo de 3 meses.
Los empresarios sancionados son: Urbanizando Futuro SAS, H&S Bienes Raíces SAS, Jairo Pezca Cepeda, Fundación Nueva Granada, Asociación de Vivienda J&G Bienes Raíces, Inversiones Cruz Barrera, y Orpe Sabana Constructora SAS. Cabe resaltar que si el municipio de Yopal decide no legalizar estos asentamientos humanos los empresarios tendrán un año de plazo para pagar los dineros recaudados a los compradores de buena fe, y adicional a ello, deberán garantizar el suministro de agua potable y un sistema de alcantarillado validado por Corporinoquia.
La acción popular fue interpuesta por la Defensoría del Pueblo Regional Casanare.
