La Ley, sancionada por el Presidente Iván Duque, específica que los “servicios, tratamientos médicos y psicológicos, procedimientos e intervenciones necesarias para restituir la fisionomía y funcionalidad de las zonas afectadas, no tendrán costo alguno y serán a cargo del Estado”.
Las EPS tienen que garantizar al afiliado, en menos de 24 horas, todo lo que solicite el médico para la atención a las víctimas de ataques con sustancias o agentes químicos corrosivos a la piel, incluidos insumos, tratamientos alternos y los procedimientos.
Así mismo, la norma le ordena al Gobierno Nacional reglamentar la adopción de medidas y mecanismos que les permita a las víctimas acceder a la formación para el trabajo, así como a la oferta pública y privada de empleo.
