La gobernación de Casanare, adjudicó el pasado 13 de febrero un contrato por valor de $2.989.077.094, el contratista de este proyecto es la Fundación Emprendedores Sociales”, quien ganó la licitación, a la cual se presentaron otros dos oferentes. El objeto de este proyecto es “APOYO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UNIDADES PRODUCTIVAS PARA LA GENERACIÓN DE INGRESOS A LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE”.
Las actividades a desarrollar en su gran mayoría tienen que ver con talleres de socialización del proyecto, garantizando la logística necesaria en cada municipio definido; talleres de capacitación para promover emprenderismo y empleabilidad; talleres de capacitación para promover compromiso y confianza en los proyectos de generación de ingresos en los beneficiarios; implementar 90 unidades productivas en confecciones y costura, para este unidad productiva se deben adquirir materiales como una máquina fileteadora, maquina plana, tijera forjada, metro sintético, plancha a vapor, caja de tizas de modistería, entre otros.
Para la unidad productiva de belleza, se deben realizar talleres de belleza corporal y belleza capilar, dotando a 116 beneficiarios con elementos como un neceser grande, algodón, removedor de esmalte, tinte de cabello, limas, esmaltes, uñas postizas, kit de pedicure, crema de manos, entre otros.
Otra de las actividades tiene que ver con talleres para 116 personas para la elaboración de platos propios de la región, como masato, hayacas, pisillo, torta de ahuyama, con sus respectivos utensilios como estufas industriales, pipeta de gas, fondos, cucharas, cuchillos en acero, congelador, mesa en acero, vitrina de calefacción, licuadoras, ollas expres, entre otros.
Según los estudios previos de este proceso, las mesas municipales de los ocho municipios en donde se ejecutará esta iniciativa, (Yopal, Aguazul, San Luis de Palenque, Trinidad, Hato Corozal, Orocué, Tauramena y Monterrey), estuvieron de acuerdo con este proceso. Las personas beneficiadas son 1.228 agrupadas en 322 núcleos familiares, que serán escogidos por la gobernación de Casanare y las mesas municipales de víctimas.
Frente a este proyecto, asaltan una serie de interrogantes como por ejemplo ¿son rentables las unidades productivas escogidas?, ¿quién garantiza que los elementos entregados a los beneficiarios sean utilizados en el negocio?, ¿por qué no se buscó una alianza con el Sena o una universidad para los talleres de capacitación?, ¿estas unidades de negocios escogidas responde a las necesidades reales de la población víctima en el departamento?.
Finalmente, hace unos meses la gobernación de Casanare adjudicó un contrato similar cuyos beneficiarios fueron integrantes de la población afro del departamento, en ese proyecto ¿no cabían víctimas de la violencia?, ¿se puede tipificar como fraccionamiento de contratos?.
Lo único claro es que las regalías se están acabando y en el departamento seguimos apostando a la realización de talleres de capacitación, para la población vulnerables, mientras que el campo sigue sin explotar.
