Gracias al trabajo de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) se profirió una sentencia que ordena la restitución de un predio en el municipio de Puerto Gaitán, Las tierras fueron despojadas en el año 2004 por orden de José Baldomero Linares, alias ‘Guillermo Torres’, líder de las Autodefensas Campesinas del Meta y Vichada (ACMV). Posteriormente, el hoy beneficiario fue despojado de manera jurídica, tras habérsele obligado en el año 2009 a suscribir escritura pública en favor de un testaferro condenado por narcotráfico.
En el año 1997 el solicitante de restitución adquirió el predio Rancho Victoria, ubicado en la vereda Murujuy del municipio de Puerto Gaitán (Meta), mediante la adjudicación realizada por el antiguo Incora hoy Incoder.
Para el año 2004, José Baldomero Linares, alias ‘Guillermo Torres’, comandante de las Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada exigió la entrega de las tierras hoy restituidas, hecho que generó el desplazamiento forzado del campesino hacia el municipio de Puerto Carreño (Vichada).
Alrededor de 5 años después de su desplazamiento, el solicitante fue contactado por un individuo que le obligó a realizar un poder especial a favor del señor Aldemar Matajudíos Borja para realizar una escritura pública de compraventa sobre el predio Rancho Victoria. Ante dicha situación, y por temor a represalias contra de su vida, el hoy beneficiario del proceso de restitución procedió a autenticar el poder.
En marzo de 2009 en la Notaría Única de Armero Guayabal (Tolima) se suscribió escritura pública en la cual el solicitante, a través de apoderado, le transfirió el derecho de dominio del predio objeto de restitución a Jairo Sánchez Moreno, por la suma de 35 millones de pesos, dinero que en su totalidad nunca recibió el reclamante, pues tan solo recibió aproximadamente 8 millones de pesos, los cuales fueron cancelados por cuotas durante tres meses.
En el trámite administrativo adelantado por la Unidad de Restitución de Tierras en Villavicencio, se pudo comprobar que Aldemar Matajudíos Borga tiene antecedentes con sentencia condenatoria de 40 años por el delito de narcotráfico.
Por lo anterior, el Juez Especializado de Restitución de Tierras de Villavicencio declaró la nulidad absoluta de todas las escrituras públicas que originaron la transferencia de la propiedad del predio, al establecer que el beneficiario nunca conoció al apoderado ni al señor Jairo Sánchez Moreno (comprador); devolviéndole la tierra al solicitante.
