Según un estudio realizado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en conjunto con el Instituto de Estudios Urbanos (IEU) de la Universidad Nacional de Colombia, más del 50% del crecimiento de las ciudades y municipios del país, es de origen informal.
Los municipios que encabezan el ranking de las ciudades con el mayor crecimiento informal en los últimos años en el país son: Bogotá, Soacha, Cali, Medellín, Yopal, Aguachica, Buenaventura, Ciénega, Soledad y Florencia, en su orden.
Además, se registra un crecimiento en las cabeceras municipales, con una concentración poblacional en la Región Andina. Sin embargo, este fenómeno expansivo afecta diversas zonas del territorio nacional, con el agravante de ser desorganizado en las áreas urbanas de aquellos municipios de menos de 30.000 habitantes y entre 30.000 y 100.000 habitantes, tal es el caso de Mosquera (Nariño), Murindó (Antioquia) y Sipí (Chocó).
Esta situación se debe principalmente al incremento del proceso de migración campo-ciudad que generó el conflicto armado. También a la limitada capacidad de las autoridades locales para ofrecer vivienda digna y para controlar los procesos de urbanización ilegal, en especial en suelos de expansión, áreas rurales, zonas de espacio público y áreas de alto riesgo.
El análisis realizado por el Ministerio refleja que el crecimiento de “barrios piratas” y asentamientos informales como en el caso de Yopal, que tiene un impacto negativo en la calidad de vida de los ciudadanos que se traduce en: aumento de la inseguridad, precariedad en la prestación de los servicios públicos, obstrucción de obras públicas, evasión fiscal y extra-costos al presupuesto.
Ante este panorama, se hace un llamado urgente para que las entidades territoriales avancen en los procesos de legalización de los asentamientos informales, con el fin de mejorar la calidad de vida de sus pobladores y evitar tragedias en zonas catalogadas de alto riesgo ambiental.
Adicionalmente, la cartera de agua y vivienda reiteró su compromiso de continuar prestando asistencia técnica a las ciudades y municipios del país para que dentro de los estudios y diseños de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) de segunda generación, incluyan la necesidad de controlar los procesos de urbanización ilegal e informalidad en áreas de riesgo.
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