El Tribunal Administrativo de Casanare, ordenó abrir incidente de Desacato contra siete urbanizadores ilegales de la ciudad de Yopal, la medida se toma al amparo de una acción popular, la cual fue impetrada por la Defensoría Regional de Casanare, contra Corporinoquia y el municipio de Yopal, por permitir la venta de lotes y permitir la construcción de los mismos sin licencias, ni permisos ambientales, como también sin garantizar los servicios públicos.
Los urbanizadores a los que se les ordenó abrir incidente de Desacato son: Silvia Yaneth Aldana, representante legal de H&S Bienes Raíces SAS; Omar Cruz Ángel, Inversiones Cruz Barrera; Osmari Martina Coronado, Fundación Nueva Granada; Jairo Pezca Cepeda, Asesorías ATS del Llano; Zoraida Jiménez Ballesteros, Asociación de Vivienda J&G Bienes Raíces La Española; Indra Juliana Ortíz Rodríguez, Orpe Sabana Constructora SAS Y Urbanizando Futuro.
Estas mismas personas y empresas habían sido sancionados con el pago de 20 salarios mínimos legales, en junio del 2017 y que dimos a conocer en este medio así: Multan a urbanizadores piratas en Yopal. En febrero del 2018 el alto tribunal les abrió Desacato a estas personas por no cumplir órdenes impartidas así: Abren incidente de desacato contra urbanizadores ilegales en Yopal En junio del 2018, les abrieron otro incidente de Desacato, por no suministrarles agua a los habitantes de dichas urbanizaciones Abren incidente de desacato contra urbanizadores ilegales en Yopal Finalmente en julio del 2018 fueron nuevamente multados a pagar entre 10 y 30 salarios mínimos por no cumplir las órdenes impartidas Ordenan abrir incidente de Desacato a urbanizadores ilegales en Yopal
Mientras que el tribunal sigue castigando a estos urbanizadores ilegales, los habitantes de esas urbanizaciones siguen padeciendo por la falta de servicios públicos, así como también padecen el abandono del gobierno municipal, quien tampoco ha cumplido las órdenes del tribunal, ya que ha permitido la construcción de más viviendas en esas urbanizaciones y no ha derogado el Decreto que presuntamente legaliza dichas urbanizaciones y el cual es ilegal, por lo que le dieron al alcalde un plazo de 15 días para contestar los requerimientos so pena de abrir incidente de Desacato.
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